El síndrome del juez afecto
Por Francisco Pomares
Leo con cierta sensación de pasmo el contenido del voto particular del magistrado Helmut Moya, en un auto desestimando el recurso de reposición del Gobierno regional en contra de los sondeos, en el que se solicitaba paralizarlos cautelarmente, auto que fue suscrito por cinco de los seis magistrados. Por supuesto, no tengo nada que objetar a la ausencia de unanimidad en el auto. Contra el talibanismo rampante que caracteriza y define hoy la forma en que se presentan los hechos por los poderes públicos, los partidos y las administraciones, contra la verdad oficial como única posible, soy de los que opinan que la verdad es una cuestión poliédrica y sujeta a interpretación. Creo que los votos particulares en autos y sentencias no sólo no perjudican ese ejercicio de consenso que es la verdad judicial, sino que aportan perfiles y matices que a veces son muy importantes. Por eso no me preocupa que haya maneras diferentes de enfocar las cosas, ni siquiera que el juez Moya pueda tener prejuicios sobre este asunto, porque todos tenemos nuestros propios prejuicios y cargamos con ellos.
Lo que me produce cierto espanto de los siete folios del voto particular de Moya es el desparpajo con el que el magistrado despacha sus opiniones, sus creencias y sus afectos y desafectos. Que Moya crea o no en la información suministrada por Repsol el mismo día que redacta su voto particular, sobre la incapacidad de hacer rentable la explotación prospectada en Sandía, me resulta indiferente. Pero no parece razonable que un juez pueda establecer como argumento jurídico que “no es creíble que no existiera una colosal reserva” de hidrocarburos en la zona. Porque entonces… lo creíble sería lo contrario, que esa gran reserva existe, y -si esa es la única opción creíble- entonces… ¿Para que se hicieron las prospecciones? ¿Para que se gastó Repsol la pasta gansa invertida en esta operación frustrada? Si Moya no puede creer que no haya una gran reserva de hidrocarburos explotables y rentables, cuando saberlo era el objetivo único de la batalla de las prospecciones, entonces será que el juez dispone de información que la compañía y el Ministerio nos ocultan. Porque si no dispone de ella, sí sólo sospecha que nos la han clavado, no parece razonable la contundencia de su certeza.
Moya no ha redactado un voto particular, sino un alegato plagado de calificativos y consideraciones de índole personal, una perorata de apoyo a la posición y los criterios del Gobierno de Canarias y de los miles de ciudadanos que se oponían a las prospecciones.
A lo mejor soy un antiguo, pero yo habría preferido leer sus muy respetables razonamientos sobre desviación de poder en Industria, sobre corrupción en todas las instituciones del país, sobre la felicidad en el ‘Rowan Reinassance’ y sobre lo que ‘pinta’ o no ‘pinta’ este asunto con el formato de un artículo periodístico, antes que como cuerpo de un auto judicial.
