Distopía sobre la Amnistía
Sigfrid Soria
27 de marzo de 2025, la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña entra en vigor tras ser publicada en el BOE después de un largo y complejo proceso en ambas Cámaras Legislativas. En varias ocasiones fue devuelta a la Comisión de Justicia, bien porque los textos que pactaban Junts, ERC y PSOE eran tumbados por Junts en el Congreso o bien porque el Senado la tumbaba.
Se abre una etapa de incertidumbre respecto a las diferentes acciones que se tomen por instancias de la UE, desde donde llegan serias advertencias de oposición frontal con consecuencias de bloqueo de fondos y diversas sanciones. España muestra al mundo esta nueva ley con todas las aspiraciones de Junts y ERC recogidas, incluyendo las referidas a los delitos de terrorismo y malversación atribuidos al Procés.
Pedro Sánchez se ha declarado muy satisfecho y ha remarcado que la sociedad española gana y ha hecho énfasis en la aprobación inminente del PGE 25, proyecto de ley que ha sido sucesivamente aplazado desde diciembre de 2024 pendiente del apoyo de Junts y ERC. Sánchez no da explicaciones respecto de las concesiones económicas, fiscales, de Seguridad Social y de inmigración recogidas por el PGE 25 a Cataluña en detrimento del resto de Comunidades Autónomas. Como es usual, el presidente asegura que lo más importante para los españoles es que “yo esté en La Moncloa pues mientras esté yo ocupando ese espacio no estarán otros”.
A todo esto, a principios de marzo y desde el entorno de Puigdemont en Waterloo se afirma que, tras la publicación de la Ley de Amnistía en el BOE, “el regreso a Cataluña del Cap de Gobern será rápido”, de hecho, todo apunta a que pueda ser a lo largo del próximo mes de abril. Fuentes de La Moncloa aseguraron ayer mismo que se baraja la posibilidad de que el trayecto Zaventem-El Prat se opere por el Falcon 900B del Ejército del Aire, porque “debemos compensar la imagen del cambio al maletero en el túnel”.
Asimismo, Oriol Junqueras ha declarado esta misma mañana en rueda de prensa que en representación de todos los compañeros y de todas las compañeras afectados y afectadas judicialmente por el Procés, va a “iniciar procedimiento de reclamación al Estado español de daños y perjuicios por haber estado sometidos durante años indignamente a la Justicia española, soportado sentencias vejatorias y cumpliendo años en cárceles”. Junqueras no ha desaprovechado la ocasión para recalcar que “todo daño puede ser reparado económicamente, sin temor a caer en estereotipos del Estado español en relación al perfil económico del catalán de a pie”. Concluyó ante los medios afirmando que, a la vista del nuevo marco legal derivado de la Ley de Amnistía, “aquí no ha pasado nada, estamos como el 30 de septiembre de 2017 y ahora vamos otra vez a votar”.
Por su parte, el presidente de la Generalidad de Cataluña, también este mismo jueves, ha declarado improvisadamente a la entrada al Parque de la Ciudadela que el Consejo de Gobierno ya está trabajando para “proceder institucionalmente contra todos los policías, guardias civiles y jueces del Estado español que hayan estado implicados contra quienes no cometieron delito porque no existió delito alguno. Ahora se va a ver quién va a soportar de verdad el peso de la ley española”.
Ni Blade Runner de Ridley Scott iguala esto.
