Dignidad también en el fin de vida

María Del Río Sánchez, presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias

Desde 1991, cada 1 de octubre se celebra también el Día Internacional de las Personas Mayores, una propuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que nace con el objetivo es  dar visibilidad y promover políticas públicas centradas en las  personas de edad,  que pongan en valor el derecho de las personas mayores a estar involucradas en la sociedad de forma activa, a ejercer su autonomía en la toma de decisiones en todas las áreas que afectan a su vida, salud, vivienda, relaciones sociales, ocio, cultura, etc. En definitiva el derecho a vivir una vejez digna.

Este 1 de octubre de 2022, la campaña, con enfoque y perspectiva de género, ha sido dedicada a las mujeres mayores, quienes normalmente asumen las tareas de los cuidados y llevan el peso de las familias, en muchas culturas, de manera silenciosa y poco reconocida.

El lema de la ONU de este Día Internacional de las personas Mayores 2022 ha sido  ‘La resiliencia y la contribución de las mujeres mayores’. Se hace así un reconocimiento público de las aportaciones de las mujeres mayores, tan a menudo invisibilizadas, un llamamiento a escuchar todo lo que ellas tienen que decir, a valorar su  mirada, y a ponerlas a ellas y el trabajo que realizan en el foco de las políticas internacionales y del desarrollo de la sociedad.

Justo sobre dignidad en el fin de vida iba también la Proposición no de Ley (PNL) que, desde el Grupo Sí Podemos Canarias, defendimos en el último  pleno del Parlamento, el pasado 28 de septiembre, y que fue aprobada con los votos de los cuatro grupos del ‘Pacto de las Flores¡ más el del diputado de Ciudadanos. Una PNL que trata de derechos que se han ido ensanchando en las últimas décadas, superando prejuicios y discriminaciones, mejorando así la vida de muchas personas en el afán de que todas las vidas sean vidas  dignas de ser vividas.

Y como la cara y cruz de una moneda, entendemos que hablar de vida implica también, necesariamente, hablar de muerte,  que no hay vida digna si el final de vida no lo es.

Hablamos de la necesidad de dar a conocer bien la legislación vigente en esta materia,  de poner en marcha políticas públicas que desarrollen  y faciliten el acceso a las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV), una valiosa herramienta que garantiza el principio de autonomía de las personas pacientes para la toma decisiones en materia sanitaria con respecto al  fin de vida.

Políticas públicas que garanticen el derecho al alivio del sufrimiento tanto en enfermedades o situaciones reversibles como cuando no lo son, a través de los cuidados paliativos o el derecho a la eutanasia. En cualquier caso se trata de respetar las decisiones  tomadas, en plenas facultades mentales, sobre el  fin de vida, así como  el derecho a una muerte digna.

Por todo ello, y para garantizar los derechos en el fin de vida, propusimos también en esta PNL la creación para Canarias de un Observatorio de la Muerte Digna, un organismo técnico multidisciplinar que tiene entre sus  objetivos investigar y supervisar, desde un punto de vista integral y con perspectiva de género, la calidad de la muerte en nuestro territorio, tanto en el ámbito municipal, insular y autonómico. El de Canarias sería el cuarto observatorio del Estado  de este tipo,  después de Catalunya, Navarra y Asturias.

Observatorios de la muerte digna que, de haber existido en otros territorios, tal vez habrían ayudado a evitar o a conocer mejor las  razones por las que durante la pandemia dejaron morir a tantos miles de personas mayores en residencias,  sin prestarles la más mínima atención, algo que difícilmente van a olvidar sus familias ni la sociedad civil, comprometida con los Derechos Humanos, que aún espera que se depuren responsabilidades ante la crueldad y el desprecio con la que se tomaron determinadas decisiones, algunas incomprensibles, como las tomadas en la Comunidad de Madrid.

Por eso también resultan poco comprensibles las abstenciones de las derechas, Grupo Popular y Coalición Canaria –más el voto de la diputada Vidina Espino- que, con excusas peregrinas y sin hacer ni una sola enmienda,  decidieron no apoyar esta propuesta.

Sus votos no eran necesarios para que la propuesta saliera adelante y las medidas contempladas se pongan en marcha, pero retrata su falta de empatía ante un momento tan sensible como es el fin de vida, tanto para quienes lo viven en primera persona como para sus familiares y personas queridas.

No entendemos bien  la razón de esa postura tan cerrada y escorada a la más extrema derecha, poco podemos decir a quienes nos preguntan, solo que si  hubiera habido el más mínimo  interés de llegar a un acuerdo por nuestra parte  no habría habido ningún problema, se podría haber negociado alguna enmienda o haber hecho votación separada de algún punto.

Ni lo intentaron, esa es la disposición y actitud de algunas señorías en el Parlamento de Canarias, que por sus votos les conocerán,   son más de ignorar derechos que de ensancharlos o defenderlos, lo de garantizar derechos a una  “vida y muerte digna”  para todas y todos,  no debe estar entre sus prioridades ni ser un tema interesante para el debate, mientras siga siendo privilegio reservado para una minoría.

No nos queda otra que seguir trabajando y tejiendo alianzas con quienes queremos más democracia y justicia social.

¡Menos derechas y más derechos!