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El Estado y el Gobierno de Canarias tratan de combatir el aumento de los precios aéreos

Constituyen una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público en determinadas conexiones

 

  • Lancelot Digital
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    Los gobiernos central y autonómico han constituido una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público (OSP) en determinadas conexiones aéreas con la Península “o cualquier otra fórmula” para combatir el incremento de precios de los billetes, unos aumentos que “no son homogéneos en todas las rutas”, tal y como publica Diario de Avisos.

     

    El consejero de Transportes, Sebastián Franquis, se reunió ayer con la secretaria general de Transportes y Movilidad del ministerio, María José Rallo, y el director general de Transporte Terrestre, Jaime Marrero. Según datos de la Administración General del Estado, el encarecimiento de los pasajes hasta octubre fue del 18% para los residentes y del 19% para los que no lo son, con “picos” superiores en verano y con vistas a la campaña navideña. Esos subidones se producen especialmente, explicó Franquis, en los vuelos entre Tenerife y Barcelona, en menor medida entre las dos islas capitalinas y Madrid, mientras que los que conectan Lanzarote con la capital de España se han reducido.

     

    El representante del Ejecutivo regional comentó que el Ministerio de Movilidad y Agenda Urbana es “de los más interesados” en corregir esta tendencia, porque paga la bonificación del 75% de los vuelos a los residentes, aunque a la vez le preocupa -y en eso coinciden- que la medida que se adopte provoque una reducción de la oferta de plazas. Franquis espera que el grupo de trabajo llegue a conclusiones “en las próximas semanas”. Antes, el Gobierno canario convocará a las aerolíneas para trasladarles su “preocupación” y analizar el encarecimiento de los billetes, que se suele producir en mayor medida con las reservas de última hora. El consejero recalcó que cualquiera que sea la medida que se adopte deberá ser “equilibrada”, porque una eventual pérdida de plazas sería “preocupante”.

     

    En relación a la a gratuidad de las guaguas y el tranvía en, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda recibirá los 81 millones de euros que se transferirán a Canarias en 2023 y posteriormente se acordará con los cabildos la distribución de los recursos entre las Islas. Las partes implicadas han concertado una cita para finales del primer trimestre del próximo año con el propósito de evaluar la implantación de esta ayuda y acordar, si fuera necesario, la ampliación de los fondos.

     

    Sebastián Franquis ha consensuado con el Ministerio y los cabildos la regulación de los recursos ya consignados en los Presupuestos Generales del Estado. Los consejeros de Transporte insulares participaron en el encuentro de Madrid. “Ha sido una reunión positiva porque, entre otras cuestiones, hemos acordado con el Ministerio que el Gobierno de Canarias planifique y gestione la gratuidad del transporte público terrestre, y que nosotros, junto a los cabildos, vamos a establecer los criterios de distribución de esos 81 millones de euros en base a las necesidades y a la realidad de cada isla”, declaró Franquis.

     

    Aparte de aclarar la gestión de ese dinero para la bonificar gratuidad de los abonos y los títulos multiviaje del transporte público terrestre en 2023, el consejero expuso a la secretaria general las dudas que han surgido entre las operadoras canarias para llevar a la práctica esta medida con la cantidad recogida en la enmienda a los PGE.

     

    “Seguimos teniendo serias dudas de que esos 81 millones de euros sean suficientes para pagar la gratuidad de todo el transporte terrestre en Canarias en base a la información que nos trasladan los operadores, y esas dudas se las hemos trasladado al Ministerio”. Por eso, añadió, “lo que hemos convenido es que en el primer trimestre de aplicación, a finales de marzo, analizaremos el alcance”, dijo. El Ministerio “está abierto a buscar fórmulas para incrementar la financiación” si fuera preciso y “se demuestra que el importe no concuerda con la realidad”.

     

     

    Franquis puntualizó que lo que se va a financiar son los pagos que realizan los usuarios: el 25% del coste. El 75% restante corre a cargo de los cabildos y los ayuntamientos, con aportaciones del Ejecutivo canario.

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