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Amnistía Internacional apoya la modificación de la Ley de Menor que pide Canarias

Clavijo y representantes de la ONG coinciden en la necesidad de que el resto de comunidades se hagan cargo de migrantes

 

  • Lancelot Digital
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    La Amnistía Internacional de España ha coincidido con el planteamiento del Ejecutivo regional de introducir una modificación en la Ley del Menor y establecer un mecanismo de corresponsabilidad del que participen el resto de las comunidades autónomas de forma que “no recaiga solo en Canarias la tutela y atención de los niños y niñas no acompañados”. En este sentido, han recordado que, desde 2021 hasta la actualidad se han derivado 365 menores a otros territorios y que en la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia se acordó derivar a otros 339 menores de las Islas a Península, pero todavía no se han llevado a cabo estas derivaciones que, no obstante, el propio Gobierno regional califica de “insuficientes”, tal y como publica Tiempo de Canarias.

     

    El director general de la entidad, Esteban Beltrán, y el presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo, se han reunido este martes para analizar la respuesta a la emergencia migratoria declarada en las Islas y qué mecanismos hay que mejorar de la atención, especialmente, a los menores no acompañados. A la salida del encuentro, Beltrán ha declarado ante los medios de comunicación que "no se están garantizando los derechos" de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegar a las Islas "en su totalidad". El principal derecho vulnerado, según ha expuesto, es la atención letrada –puesto que ha estado ausente en muchos momentos del calendario, como ocurrió el pasado mes de septiembre– y la ineficacia en la determinación de la edad de estas personas. Una situación que se dificulta aún más ante la ausencia de intérpretes, tal y como ha denunciado el director general de Amnistía Internacional.

     

    Esteban Beltrán ha señalado, según refleja también el informe elaborado por la propia ONG el pasado mes de octubre, que "muchos menores estaban con adultos en los centros". Algo que ha calificado como "muy grave" ya que, según él, "da lugar a todo tipo de abusos". Para darle respuesta, el director general de Amnistía Internacional asegura que el Gobierno central ya trabaja en la elaboración de un nuevo protocolo para que "la determinación de la edad sea antes" y que, en caso de duda, se mantenga a los migrantes con los menores hasta que se confirme la edad. Beltrán también ha adelantado que se introducirán ciertas mejorías en la asistencia letrada para los menores migrantes no acompañados, aunque no especificó cuáles, y que dentro de un mes serán revisadas.

     

    Por otro lado, el responsable de la entidad ha explicado que durante el encuentro también se trataron "dos aspectos importantes": el primero, "que estaba previsto en la Ley de Garantías Sexuales que se creen 52 centros de atención integral para mujeres víctimas de violencia sexual, de los cuales sólo hay cuatro operando y ninguno en las Islas Canarias... Algo en lo que el Gobierno canario se ha comprometido a abrir cinco espacios de aquí a febrero"; y, el segundo, fuera del contexto de la crisis migratoria, las "largas listas de espera sanitarias", ya que según los datos de la Amnistía Internacional "sólo un 12,45 % de la gente que pide cita en atención primaria con su médico obtiene su cita entre 24 y 48 horas después de solicitarla". "Uno de los índices más bajos de todas las comunidades autónomas en todo el Estado, por lo que no sólo es importante tener dinero, sino también disponer de más personal para reducir esas listas de espera", ha añadido.

     

    El director de Amnistía Internacional en España no ha querido marcharse de la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, donde se celebró la reunión de este martes, sin antes solicitar "un alto el fuego permanente entre Israel y Hamas", principalmente a la oposición política del país, ya que es la única manera de "aliviar el sufrimiento de la población civil". En este sentido, Esteban Beltrán ha propuesto "una suspensión del comercio de armas con Israel y un llamamiento de todos los gobiernos europeos para colaborar con la Corte Penal Internacional". Asimismo, ha recordado que en el caso de la agresión de Rusia a Ucrania, cuando "la Corte Penal Internacional tuvo apoyo de todos los gobiernos y en una semana instaló en Kiev una oficina". Sobre esto, Fernando Clavijo se ha comprometido y ha mostrado su predisposición "a promover un debate que permita que desde el Parlamento se pida la prolongación del alto el fuego, como han hecho ya en Navarra o Cataluña".

     

    Durante la reunión también intervino la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien afirmó que ya se han puesto en marcha 60 dispositivos de atención a menores migrantes en toda Canarias. Asimismo, la responsable del área ha asegurado que le ha transmitido a Beltrán "la necesidad de tener una interlocución real con los ministerios", sobre todo los relacionados con esta materia. En este sentido, Delgado ha adelantado que ya ha solicitado a los nuevos ministros reuniones para "establecer un calendario de actuaciones", así como llevar a cambio esa modificación legislativa de la Ley del Menor, con el fin de que la atención a los niños y niñas extranjeros "se haga de manera corresponsable entre todas las comunidades autónomas, teniendo la plena decisión el Estado".       

     

    La consejera también se sumó a la denuncia de la falta de intérpretes con conocimientos jurídicos y la necesidad de mayor número de personal, ante una llegada masiva de menores en tan poco periodo de tiempo, que obligó a declarar la emergencia migratoria en el Archipiélago en este último año, tal y como ha recordado. "Con lo cual, hemos tenido que habilitar este mecanismo de emergencia, que a su vez ha posibilitado el abrir centros que habían sido cerrados por el anterior equipo de gobierno", ha declarado. Según Candelaria Delgado, en dichos dispositivos están siendo atendidos en estos momentos alrededor de 4.500 niños, niñas y adolescentes que están bajo la tutela del Gobierno regional.   

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