Un detenido en Lanzarote dentro de la “Operación Tosca”, una trama de supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos
Se trata de Gerardo Díaz, actual gerente de Canal Gestión Lanzarote, aunque su arresto no está relacionado con este puesto sino con su anterior trabajo en la empresa Hispanagua, según fuentes policiales
Texto y foto: Lancelot Digital
La Guardia Civil ha detenido a 14 personas dentro de la “Operación Tosca”, una de ellas en Lanzarote, mientras que nueve han sido arrestadas en Meilla, tres en Madrid y otra en Málaga. Todas ellas están relacionadas con una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos, que investiga presuntos delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El detenido en Lanzarote es Gerardo Díaz, actual gerente de Canal Gestión Lanzarote, aunque fuentes policiales han explicado a EFE que este arresto no está relacionado con su actual destino en la isla, al que se incorporó en 2013, cuando el Canal de Isabel II se adjudicó el servicio del abastecimiento de agua, sino con su trabajo anterior en otra sociedad del mismo grupo, la compañía madrileña Hispanagua.
Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil y recoge la agencia EFE, se prevé la detención de otra persona, por lo que el número total de detenidos ascenderá finalmente a quince, a los que se sumarán otros implicados, a los que se citará en los próximos días como imputados.
La denominada “Operación Tosca”, desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en concreto del Grupo de Delitos contra la Administración, es la continuación de una investigación iniciada en el año 2013 y relacionada con delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.
En dicha actuación se intervino diversa documentación que evidenciaba "el desvío de fondos públicos y otros actos de corrupción en procedimientos de adjudicación de contratos públicos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla" y que dio origen a la “Operación Ópera”, tal y como informa EFE.
Tras estas primeras actuaciones, que conllevaron detenciones de altos cargos de la ciudad autónoma, entre ellos la del consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, así como registros en distintas consejerías, la UCO se hizo cargo de la investigación a finales de 2013.
Meses más tarde, en febrero de 2014, se realizaron nuevos registros en dependencias públicas de la ciudad autónoma, así como en sociedades mercantiles vinculadas a los contratos investigados y en registros particulares.
Tras el análisis de la documentación intervenida en estos últimos registros, se detectó la existencia de varias personas que fraudulentamente gestionaban fondos públicos en connivencia con funcionarios, cargos públicos y directivos de distintas empresas.
Esto, según la Guardia Civil, viciaba los procesos de contratación, anteponiendo intereses personales o empresariales al interés general. "De estos desvíos de fondos y adjudicaciones de contratos, se habrían beneficiado económicamente las sociedades investigadas adjudicatarias de los contratos, detectándose igualmente la obtención de beneficios por parte de algunos de los funcionarios y cargos públicos", afirma el instituto armado.
En la operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla y la Fiscalía de la ciudad autónoma, además de los agentes de la UCO están participando agentes de las provincias donde se han llevado a cabo las detenciones.
