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El TSJM admite a trámite la demanda del Cabildo contra Industria para certificar la extinción de los permisos a Repsol

El tribunal emplaza al Ministerio a presentar el expediente de las prospecciones en 20 días

 

Lancelot Digital

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictado resolución notificando al Cabildo de Lanzarote la admisión a trámite de la demanda presentada por la Corporación insular contra el Ministerio de Industria, en la que reclama que se certifique la extinción de los permisos otorgados a Repsol.

 

La demanda, presentada en Madrid el pasado lunes 30 de marzo, se suma a una segunda causa emprendida por el Cabildo de Lanzarote en este tribunal, tras solicitar el 17 de diciembre de 2014 la adopción de medidas cautelares para paralizar los tres pozos autorizados a Repsol frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

 

En la resolución dictada por el TSJM el pasado 6 de abril, el tribunal acuerda admitir a trámite el contencioso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote contra la resolución del Ministerio de Industria de agosto de 2014 autorizando la perforación de tres pozos y requiere a éste a remitir “en el plazo improrrogable de 20 días desde que la comunicación judicial tenga entrada en el Registro General, del expediente administrativo, original o copiado, completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga, notificándose la resolución que ordene la remisión del expediente a todos los interesados en el mismo, emplazándoles conforme al art. 49 LRJCA para que puedan comparecer ante este órgano judicial en el plazo de nueve días”.

 

A juicio del Cabildo, los permisos otorgados el pasado mes de agosto de 2014 a Repsol por el ministerio dirigido por José Manuel Soria “han quedado sin efecto a causa de los patentes incumplimientos por parte de la petrolera y, en consecuencia, ha instado a la Administración del Estado a intervenir como figura garante del cumplimiento de las normas y de los derechos establecidos en la ley vigente, actuando en defensa de los intereses generales y reconociendo oficialmente que las prospecciones permitidas en Canarias se han extinguido y no pueden continuarse”.

 

“A pesar de ello, el Ministerio de Industria ha reaccionado ante este nuevo requerimiento de Lanzarote una actitud idéntica a la constatada durante los tres últimos años de cara hacia la sociedad y las instituciones canarias, es decir, de total opacidad, de falta absoluta de colaboración y diálogo, y de silencio permanente frente las decenas de peticiones de información que se han elevado desde múltiples entidades públicas y privadas de Canarias”, concluyen desde el Cabildo.

 

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