El juez investiga el presunto falseo masivo de documentos en el caso 'Unión'
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife admite a trámite una querella de Luis Lleó contra el secretario judicial y dos agentes de la UCO
Lancelot Digital
El Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife ha admitido a trámite la querella presentada por la defensa de Luis Lleó contra el secretario judicial del caso 'Unión' y dos agentes de la UCO, el instructor y el secretario del expediente, por supuesta falsedad masiva de documento e infidelidad en la custodia de los mismos al apreciar posibles infracciones penales, según informa Canarias 7.
El escrito de denuncia contra el secretario judicial del caso Unión, José Ramón Vera Machín, contra el instructor policial y mando responsable de la UCO, Vicente Corral Escariz, y contra otro agente en calidad de secretario policial de la investigación, consta de 177 folios y viene acompañado de 448 documentos y al menos 12 informes periciales caligráficos, documentoscópicos y técnico forenses, que demostrarían científicamente el falseamiento sistemático de oficios, autos y resoluciones judiciales,
Asimismo se acompaña de los soportes de audio y vídeo en que se grabaron las reuniones de Carlos Espino y el empresario Fernando Becerra, “con el fin de dar apariencia de legalidad a documentos inicialmente inexistentes y que después se incorporaron a las actuaciones en un intento de reconstruir un sumario inexistente”, según informa Canarias 7.
Los hechos que se relatan en la denuncia pondrían de manifiesto que en los 30 primeros tomos del caso 'Unión' no existieron garantías de integridad, ni autenticidad, de la tramitación de la causa, ni fe pública judicial. La denuncia afectaría a todos los derechos fundamentales de la totalidad de los imputados en la causa.
Una causa fabricada
La querella fue presentada el 30 de octubre de 2014 en las diligencias abiertas a raíz de la denuncia del juez instructor del caso Unión, César Romero Pamparacuatro, por supuesto robo de documentos de este sumario. Sin embargo, el juez instructor decidió entonces rechazarla al entender que se trataba de hechos distintos a los investigados y la envío al Decanato para su reparto, volviendo a recaer en el mismo Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife.
Según recoge Canarias 7, la querella de Lleó arranca con las dudas que la propia juez instructora actual del caso, Silvia Muñoz, siembra sobre la actuación del secretario del procedimiento, José Ramón Vera Machín, que en un auto del 2 de junio de 2014 cuestionaba la fe pública judicial y que se sumaba a la denuncia que en febrero de ese mismo ya había hecho el propio juez instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, en la que afirmó que un centenar de resoluciones, cuyas copias si están en la causa pero sin su firma, habían sido sustraídas o extraviadas.
La desconfianza hacia el secretario se acrecienta cuando éste, en un escrito a la juez, para explicar por qué las 100 resoluciones sí tienen su propia firma y no la del juez, sostiene que todo se debió a un “nimio error”, ya que él firmó copias de los autos, porque los originales habían sido sustraídos.
Con estos antecedentes y apoyándose en informes periciales que certifican el presunto continuo falseamiento de fechas, firmas y cuños, la querella analiza más de cincuenta autos, providencias, oficios y atestados, que presuntamente no estaban en la causa de forma inicial y que se habrían incorporado en algunos casos años después para dar apariencia de legalidad “siempre amparándose en el secreto sumarial y en la no inclusión de las actuaciones en el programa informático de gestión procesal Atlante”, según publica Canarias 7.
Esta querella, tal y como recuerda este diario, se suma además a otras dos que Lleó presentó en el TSJC contra los aquí denunciados, contra el juez César Romero Pamparacuatro y el fiscal, también por presuntos delitos de falsedad e infidelidad en custodia de documentos. La primera se rechazó, aunque está pendiente de recurso de súplica, y la segunda está en trámites.
