Canarias no cree en la declaración de Zonas tensionadas
Tan sólo tres ayuntamientos de los 88 que hay en Canarias han solicitado esta medida
No parece que en Canarias exista un problema real en relación con las zonas tensionadas. La ley para la declaración de zonas tensionadas se puso en vigor hace casi dos años, y aún no hay ningún municipio con esa declaración oficial aprobada. Sólo tres, de los 88 municipios que hay en el Archipiélago, lo han solicitado: las Palmas de Gran Canaria, con gobierno socialista; Granadilla de Abona, en Tenerife, con gobierno del PSOE y PP y Mazo, en La Palma, con gobierno de CC y PP.
En el caso de Lanzarote ningún municipio ha solicitado esta herramienta administrativa, solo habiéndose interesado a modo informativo el municipio de Tías, pero sin aplicación ejecutiva.
Resulta paradójica, teniendo en cuenta la insistencia del PSOE en la importancia de esta declaración, que tan solo dos de los más de 30 municipios en que gobierna el partido socialista hayan considerado que esta medida les podría beneficiar directamente. Los demás ni se lo han planteado. En el caso de Lanzarote, al margen de solicitud informativa de Tías, ninguno de los otros seis municipios ha hecho ademán de tener algún interés.
¿Qué es una zona tensionada?
Zonas tensionadas son aquellas donde el precio de los alquileres e hipotecas ha aumentado de forma sostenida en los últimos años. Aquellas zonas donde el gasto de vivienda más suministros superen el 30% del salario medio de sus habitantes. Otra condición es que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada.
Desde el Gobierno de Canarias se desconfía de la implantación de los municipios tensionados, poniendo como ejemplo de su escasa aportación el caso de Barcelona. Así lo dijo el consejero de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en Las Voces de la Mañana de Lancelot Radio. “Queda claro en el caso de Barcelona, donde se ha realizado una reducción de un 5% en los precios del alquiler más altos, más de 1.500 euros; en los alquileres más bajos no hay prácticamente ninguna reducción, pero lo que sí se ha producido ha sido una reducción de la oferta de casi el 20%”, explica. “Si esto lo trasladamos al caso canario sería nefasto porque ya hemos sufrido una reducción de la oferta importante en los últimos años, casi del 40%”.
El Gobierno de Canarias apuesta por la construcción de vivienda pública nueva, algo que llevaba muchos años sin hacerse, así como por la promoción de viviendas de alquiler oficial asequibles para la población que las necesita.
Muchos analistas señalan que parte del problema de la crisis habitacional ha sido ocasionado por la propia Ley de Vivienda Socialista que desprotege a los propietarios y beneficia las okupaciones. La prueba de ello es que en Canarias hay 211.000 viviendas vacías, cuyos propietarios prefieren no alquilar por miedo a que se las okupen o destrocen.
¿Qué implicaría esta declaración?
En el caso de que un municipio se declare tensionado, lo primero que ocurre es que en dicha zona se deja de tomar el IPC como referencia para la subida de los precios de los alquileres. Además, se pone un tope y se regulan los precios en esas zonas, sean propiedad de grandes tenedores (con 5 viviendas o más) o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos.
Esos topes dependerán del tipo de contrato y propiedad, teniendo en cuenta la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.
Para calcular esos precios se utiliza el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, publicado en el BOE a finales de febrero, que estima costes siempre por debajo de los establecidos en los diferentes portales inmobiliarios.
