Un caso que huele muy mal
El hecho de que la Fiscalía Europea haya asumido el 'Caso Mascarillas', por el que se estafaron cuatro millones de las arcas públicas para la adquisición de un millón de mascarillas que jamás llegó a Canarias, y que se ha considerado como una de las mayores estafas de las islas tiene muchas lecturas. No queda duda de que es una mancha negra para el Pacto de las Flores, pero además lo cierto es que no se sabe cómo puede terminar.
Algunos consideran que el hecho de que pase a la Fiscalía Europea dilatará todo el procedimiento que ya venía muy avanzado por parte del Juzgado número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, ya se había investigado y acusado al que fuera director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, que se vio obligado a dimitir; también a la exdirectora de Recursos Económicos de la sanidad pública canaria Ana María Pérez y el empresario Rayco Rubén González, dueño de RR7. También a la esposa, la madre y un primo del dueño de RR7, cuyos nombres aparecen en las sociedades que teóricamente recibieron parte del dinero pagado por el SCS a RR7 y a Osvaldo Lastras, amigo de Conrado Domínguez y el hombre que puso a RR7 en contacto con el SCS.
Lo cierto es que aún no se sabe si esta nueva situación beneficiará o perjudicará la resolución de la causa. De momento, varios acusados ya han pedido que se les desimpute y que se empiece de cero y, por tanto, que se levante el secreto de sumario que se decretó en su día. Esta situación hace albergar muchas dudas y habrá que esperar a ver qué decide la Fiscalía, si asume nada, parte o toda la investigación realizada hasta el momento o inicia un nuevo procedimiento desde cero, lo que dilatará las responsabilidades judiciales.
En cualquier caso, la oposición considera que los partidos que conforman el Pacto de las Flores, PSOE, NC, Podemos ya han quedado 'tocados' por el hecho de que no hayan accedido a la creación de una comisión de investigación solicitada por CC y PP. Creen que eso viene a demostrar que temen el daño que puede hacer, en plena precampaña, este caso a los partidos que gobiernan, especialmente a su presidente, Ángel Víctor Torres que ha intentado sortear de todas las maneras posibles este caso, bajo la excusa de que el gobierno es el primero que se siente estafado. Torres insiste en que tratarán de recuperar esos cuatro millones, pero todo el mundo sabe que es algo casi imposible al tratarse de una empresa insolvente.
Esto pone el foco directamente en las contrataciones por vía de emergencia y en el hecho de que, en ningún caso, pueden realizarse sin cumplir con los controles establecidos y los procedimientos mínimos exigibles. En este caso, las cosas se han hecho muy mal y el mal olor ha llegado hasta Europa.
