¿Seguir exprimiéndonos o administrarnos mejor?
Finaliza el verano y llega el otoño cargado de incertidumbre, especialmente económica. Mientras la sociedad está con el agua al cuello, el Gobierno de España está planteando la necesidad de incrementar su recaudación, poniendo sobre la mesa para ello una potencial subida de impuestos o la creación de nuevas figuras impositivas (Podemos ya planteó en su día una propuesta de reforma fiscal para recaudar 30.000 millones más con vistas a reforzar los servicios públicos). Argumentan que ese dinero es preciso para poder mantener todos los servicios.
Se plantea esto como si la subida de los tributos o la creación de otros nuevos fuera la única manera de salir de esta, sin embargo, la oposición gubernamental no es compartida por todos. No es compartida por la ciudadanía, que ha visto su capacidad de inversión y consumo reducida al límite, con el crecimiento imparable de la inflación y el consiguiente aumento de los precios de los productos básicos. Tampoco es compartida por los empresarios, que, en el caso de Canarias, han formado incluso un frente común insular para reclamar al Gobierno de las islas “menos ocurrencias preelectorales”, bajar los impuestos y reducir el gasto público, como puntos fundamentales para afrontar el otoño y el invierno.
Pero especialmente no es compartida, y con argumentos de peso, por un grupo de expertos que desde el Instituto de Estudios Económicos ha presentado un estudio sobre la eficiencia del gasto público en España, en el que se señala que el necesario ajuste presupuestario que se puede conseguir por esta vía rondaría los 60.000 millones de euros y permitiría consolidar las cuentas públicas evitando nuevas subidas de impuestos.
Es decir, se necesitan 30.000 millones. El Gobierno quiere subir impuestos para conseguirlos porque considera que es la única manera, pero los expertos le señalan que no, que hay otras. Que haciendo más eficiente la gestión pública no sólo conseguiría ese dinero que necesita, sino que lograría el doble y sería posible incluso bajan impuestos y eliminar alguna que otra figura impositiva que tiene asfixiados a propios y a extraños. Y es que, recuerdan, tras una crisis económica tremenda debido a la pandemia del covid y en medio de la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania, no es el momento de seguir tocando el bolsillo de los contribuyentes.
La premisa la tienen clara: a partir de un cierto umbral, un mayor nivel de gasto no mejora necesariamente la prestación de los servicios públicos ni el crecimiento económico. Y aportan datos: la eficiencia en el gasto que tenemos en España es de un 25%. Si se mejora la gestión sería posible reducir el gasto público en un 14%, sin deterioro alguno de los servicios ofrecidos y eso supondría un ahorro de 60.000 millones de euros.
Tal vez ha llegado el momento de mejorar la gestión de lo que tenemos, asegurando el bienestar de la ciudadanía. Tal vez ha llegado el momento de dejar de exprimir las maltrechas economías familiares que apenas se han recuperado de la cuesta de septiembre y ya están oyendo hablar de nuevos impuestos y nuevas angustias. Tal vez, y solo tal vez, el Gobierno debe ponerse a hacer eso para lo que les hemos votado, gobernar y, por tanto, gestionar, para todos los españoles.
