Las jaulas de la polémica
La decisión del Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Agricultura y Pesca, de instalar las jaulas marinas en la zona del litoral situada entre Arrecife y Puerto del Carmen, ha generado una gran polémica en Lanzarote. Prácticamente todos los sectores, tanto ecológicos, sociales como los institucionales, se han opuesto a la ubicación de las instalaciones de acuicultura, que llevaban más de veinte años situadas en Playa Quemada, en otro emplazamiento de la isla donde los costes negativos serían aún mayores que los que ya tenía.
El problema surge con la aprobación final del PROAC, Plan Regional de Ordenación de Acuicultura en el año 2018, aunque se había iniciado muchos años antes su redacción, y en 2021 la Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias aprueba la ordenación de la zona de interés acuícola, ubicada entre La Bufona y Punta El Barraquillo como zona de interés para la práctica de la actividad pesquera.
Reconociendo que es el gobierno de la UE el que recomienda en sus directivas, para el equilibrio ecológico de las aguas y para la futura limitación de las extracciones de los recursos marinos naturales, la promoción de granjas de acuicultura en todas las costas europeas, no creemos sinceramente que en islas tan pequeñas y turísticas sea necesario. De hecho, se ha demostrado que la instalación de esas jaulas marinas puede tener un efecto más negativo que beneficioso.
El mejor ejemplo lo tenemos aquí, en Playa Quemada, localidad que no ha dejado de protestar, tanto su alcalde como sus vecinos, por los efectos perniciosos que han tenido dichas instalaciones, tanto en la playa como en los fondos marinos, por los vertidos constantes y los restos que van dejando. Y, por si fuera poco, además atraen a los tiburones.
Sin duda las instituciones lanzaroteñas no fueron lo suficientemente rápidas a la hora de posicionarse contra la mencionada ubicación. De hecho, en la práctica solo fue el Ayuntamiento de Yaiza, la Cámara de Comercio y algunas cofradías las que se opusieron a su instalación en la costa sureste de la isla, al considerar que perjudicaría, tanto a las aguas, como al sector turístico. No podemos olvidar que en esa zona se ubica la mayor parte de la oferta turística de la isla.
Aún reconociendo que se llegó tarde, y dado el impacto negativo que prácticamente toda la sociedad lanzaroteña considera que ocasionan, lo mejor sería hacer un replanteamiento para evitar su consolidación.
Es importante que la isla tenga una voz única y potente contra dichas instalaciones. No es menos cierto que son importantes para la futura alimentación de la población, que generan trabajo y diversifican la industria. Todo esto es verdad, pero, entendiendo que produce más efectos negativos que positivos, lo mejor es evitar la instalación de dichas jaulas marinas, al menos hasta que puedan realizarse estudios más exhaustivos.
