El juego de la inmigración
La polémica del Centro de Atención Temprana a Extranjeros, CATE, ubicado en Arrecife, frente a la Comisaría de la Policía Nacional, ha reavivado el debate de la crisis migratoria que viene sufriendo Lanzarote desde hace ya casi dos años.
Más allá del acierto, o no, de ubicar estas instalaciones en una zona tan céntrica de Arrecife, llamada a convertirse en uno de los núcleos tractores de la economía municipal, demuestra un alto grado de improvisación por parte del Gobierno, especialmente en lo que se refiere a su gestión. Y es que no hablamos de un problema puntual que les haya sorprendido, llevamos más de dos años recibiendo pateras cada semana.
Se puede entender que al principio la situación les pillara de nuevas. Cierto es que después de la anterior crisis migratoria que sufrió la isla, en 2006, y pasados unos años, se fueron desmantelando todas las instalaciones creadas porque la llegada de pateras había disminuido notablemente y no eran necesarias. Pero en 2020 la situación volvió a recrudecerse, y han pasado prácticamente dos años sin que en Lanzarote no haya dejado de hacerse poco más que una política de parcheo, con mejor o menor suerte.
No había sorpresas. En 2021 ya se sabía que se había cerrado la ruta migratoria del mediterráneo y la única alternativa que quedaba, era la canaria. Y se permitió. En los dos últimos años han llegado a las islas 40.000 inmigrantes, de los que el 80% de los llegados a Lanzarote son magrebíes.
Llama la atención que el buenismo (que no es otra cosa que teorizar y no resolver los problemas) no hable de la capacidad de carga de la inmigración y si lo haga de la del turismo. El Cabildo de Dolores Corujo no dice nada sobre cuántos inmigrantes puede acoger un territorio limitado como Lanzarote y en qué condiciones. Se echa mucho de menos una voz fuerte y valiente que abogue porque las islas no acaben convertidas en cárceles, tal y como ya pasó en Lampedusa, el reflejo que nos viene a la cabeza y en el que muchos no quieren mirarse.
La política migratoria europea tiene claro que no hay que fomentar el efecto llamada y España debe asumirlo y actuar en consecuencia. Canarias no puede seguir aguantando más esta política centralista, con soluciones cuyo coste solo asume Canarias.
Y es que no se trata de construir un edificio para inmigrantes, esa no es la solución al problema real. El problema grave de las islas, y de Lanzarote en particular, es la merma de los recursos que la inmigración está ocasionando a la población residente y trabajadora. Cada vez que coincide la llegada de dos o tres pateras en pocas horas se colapsan muchos servicios públicos como los de la Policía Nacional o Guardia Civil, sin contar, en ocasiones, los sanitarios.
No solo eso, de los casi 3.000 menores que llegaron a Canarias, tan sólo 200 se han redistribuido por otras comunidades autónomas. Su estancia también se paga con recursos propios. Esos menores, además, al cumplir la mayoría de edad, se quedan desamparados, sin arraigo familiar, sin formación y sin recursos la mayoría de ellos. Se les echa a la calle a buscarse la vida, sin poder trabajar legalmente, se les aboca a delinquir. Esto genera demagogia y xenofobia y eso no es bueno.
Lo cierto es que en Lanzarote vive una comunidad de unos 4.000 marroquíes perfectamente adaptados y ellos son los primeros en criticar estas mafias y esta situación, ya que no quieren que se genere un sentimiento xenófobo contra ellos.
Repetimos, ya no es momento para parches ni para políticas buenistas mal entendidas. Canarias está asumiendo sola un problema que traspasa, y mucho, sus competencias. Es el momento de que Europa y España sean solidarias y busquen soluciones reales. Es el momento de que el Gobierno de Canarias y, en el caso de Lanzarote, el Cabildo levanten la voz. No podemos seguir jugando al gato y al ratón con asunto que no es bueno para los jóvenes inmigrantes, que muchos de ellos arriesgan sus vidas, ni para la población que lo sufre.
