Al Gobierno le quema en las manos el ‘Caso Mascarillas’
El tan traído y llevado ‘Caso Mascarillas’ está ahogando, mucho más de lo que se esperaba inicialmente, al Gobierno de Ángel Víctor Torres. Si bien, inicialmente, todo parecía un error en el que también cayeron otras muchas administraciones púbicas de toda España por la desesperación que produjo la pandemia entre la ciudadanía, lo cierto es que, tal y como recoge la Fiscalía Anticorrupción, eso no les exime de presuntos delitos. La administración no puede dejar de hacer unos controles mínimos, ni puede saltarse las exigencias precisas para que se realice un contrato con empresas privadas por muy de urgencia o emergencia que sean esas compras. Y la cosa se está complicando porque el fiscal está insinuando que ha existido una cierta connivencia entre los responsables del Servicio Canario de Salud, sobre todo en el caso de su director, Conrado Domínguez, y los adjudicatarios, RR7, a pesar de que Conrado ha negado ningún tipo de relación con ese comerciante grancanario dedicado a la compra y venta de coches de importación.
De hecho, la querella de la Fiscalía Anticorrupción apunta la posibilidad de cuatro presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales. Los dos primeros se centran en las actuaciones del propio Conrado y de la que fuera directora general de Recursos económicos de Sanidad, Ana María Pérez. Los dos últimos, en el administrador único de RR7, Rayco González.
Lo cierto es que fruto de esta operación nefasta, los canarios hemos perdido la friolera de cuatro millones de euros, gastados en unas mascarillas que nunca fueron entregadas y que cuando se retuvieron en Aduanas, se demostró que eran falsas por lo que fueron destruidas. Llama mucho la atención el hecho de que, cuando ya se veía que el asunto olía mal, y solo se había realizado un pago, se efectuara, contra todo sentido común, un segundo pago a RR7.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias continúa insistiendo, cada vez con menos éxito, en que se va a recuperar ese dinero que, dada la insolvencia de la empresa subcontratante, se da por perdido. Lo cierto es que todo este asunto le está quemando al gobierno en las manos y algunos, como el propio vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez, ya se han curado en salud al respecto. Rodríguez, tras reconocer que no era fácil gestionar en aquel momento la compra del material sanitario por los problemas que había para encontrarlo, señaló en Lancelot Televisión que es preciso depurar responsabilidades jurídicas y políticas. Se trata de un claro mensaje a su socio y presidente de Gobierno, Ángel Víctor Torres, recordando que alguien tiene que pagar por todo lo ocurrido: es preciso depurar responsabilidades.
En cualquier caso, llama mucho la atención que, hasta este momento, y a pesar del escándalo, el PSOE y Podemos, han permanecido de lado. Mientas en Madrid, por un caso similar, mandaban a Ayuso a la hoguera y clamaban exigiendo dimisiones inmediatas, en Canarias se ha tratado de justificar lo ocurrido, con argumentos manidos. La Fiscalía archivó el asunto en Madrid, pero en Canarias el fiscal anticorrupción está exigiendo que se investigue mucho más a fondo lo ocurrido.
Tampoco la oposición ha realizado un seguimiento claro del caso. Ha tenido que ser un medio de comunicación, Canarias 7 en este caso, quién realmente está metiendo el dedo en la llaga, haciéndose preguntas y exigiendo responsabilidades.
El asunto hace aguas por todos lados y es de esperar que rueden cabezas, habrá que ver las de quiénes.
