NC reclama a Clavijo medidas frente a la inseguridad jurídica del alquiler vacacional
Rodríguez reitera la voluntad de colaborar con el Gobierno de Canarias para ordenar esta actividad mediante una ley con criterios de calidad y límites
El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha reclamado este sábado al jefe del Ejecutivo de CC, Fernando Clavijo, que "reaccione" frente a la inseguridad jurídica que rodea al alquiler vacacional. Rodríguez reiteró la voluntad de los nacionalistas de izquierdas de colaborar con el Gobierno de Canarias para ordenar esta actividad a través de una ley al considerar que ofrece más garantías que un nuevo decreto, susceptible de volver a terminar judicializado.
El también portavoz parlamentario abogó por fijar una regulación con "estrictas condiciones y con límites" a una actividad, que provoca un aumento "exagerado e injustificado" de los alquileres en las zonas residenciales y, en consecuencia, el desplazamiento de la población así como serios problemas de convivencia, mientras que, en las áreas turísticas, ha adquirido una dimensión económica muy relevante con 128.000 camas en explotación, que genera problemas de competencia con el sector profesional. "Ya no estamos hablando de un ingreso extra para las familias con una segunda vivienda sino de un negocio turístico con serios perjuicios para la población residente, laboral y para la hostelería profesional", avisó el responsable de NC.
En la sesión de control al Gobierno del próximo pleno, NC preguntará a Fernando Clavijo si tiene previsto modificar el decreto 113/2015 que regula las viviendas vacacionales, varios de cuyos preceptos fueron anulados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y recurridos en casación al Tribunal Supremo (TS) por parte del Ejecutivo canario.
La iniciativa de los nacionalistas de izquierdas surge tras tener conocimiento de que el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, ha anunciado la aprobación de un nuevo decreto. Una vía "claramente insuficiente" para NC por los "antecedentes existentes, que han provocado una importante inseguridad jurídica".
No obstante, para Nueva Canarias, "lo más preocupante" es que el gabinete de Clavijo, en sus dos años y medio de mandato, "no ha hecho nada para responder" a los problemas sociales y la dimensión adquirida por esta actividad.
Más que una renta complementaria familiar, Román Rodríguez indicó que el alquiler vacacional se ha convertido en una actividad económica con 128.000 camas, un serio competidor para el sector hotelero reglado, además de que fomenta el turismo de bajo coste.
Pero otro factor "igual o más preocupante" para NC, el desplazamiento de la población residente hacia las afueras de las ciudades y de los núcleos urbanos próximos a zonas turísticas ante el "abusivo" incremento del precio de los alquileres de larga duración y los serios problemas de convivencia.
En opinión de Rodríguez, el jefe del Ejecutivo debe afrontar este problema porque es "su competencia y cuanto antes mejor, sobre todo, antes de que exploten los enfrentamientos" entre los residentes y los turistas, como ha ocurrido en Cataluña y Baleares, o de que se intensifiquen los problemas de los trabajadores y las familias.
Desde NC, el portavoz parlamentario volvió "a tender la mano" al Gobierno de Canarias para consensuar, en el Parlamento, una normativa con rango de ley específica que fije criterios de "calidad y límites".
Modificación del decreto
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias iniciará en los próximos días el procedimiento formal para modificar el decreto sobre el alquiler vacacional, según ha informado El Día. El Ejecutivo responde así al mandato del Parlamento regional, que hace algo más de dos años solicitó la revisión de esta normativa, aprobada solo unos meses antes -al final de la pasada legislatura-, ante el malestar expresado por los titulares de viviendas turísticas.
El consejero de Turismo, Isaac Castellano, anunció en la Cámara autonómica que en los próximos días se iniciará un proceso de información pública previo a la modificación del decreto.
Castellano advirtió de que algunos aspectos, como la fiscalidad y el control a las plataformas de comercialización, "no van a caber" dentro del texto "por cuestiones legales" y tendrán que ser abordados "entre todas las administraciones".
