El Parlamento canario aprueba la regularización de las viviendas de alquiler vacacional
Se insta también al Ejecutivo regional a buscar un encaje jurídico para la modalidad "cama-desayuno"
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El Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una moción en la que se regulan las viviendas de alquiler vacacional, tras consensuar todos los grupos de la Cámara un texto que se remitirá al Gobierno regional para su aprobación en el Consejo de Gobierno, según informa Efe.
Así se da respuesta a una vieja demanda, sobre todo en la isla de Lanzaroe y Fuerteventura. Se cree que si se regularizan, la Hacienda canaria podría ingresar unos 30 millones de euros anuales que ahora se escapan al fisco por no estar regulado, tal y como vienen pidiendo los propietarios de apartamentos vacionales en Canarias
La moción aprobada, consecuencia de la interpelación del Grupo Popular sobre la regulación de este tipo de viviendas, insta también al Ejecutivo regional a buscar un encaje jurídico para la modalidad "cama-desayuno", porque, según manifestó la parlamentaria popular, Águeda Montelongo, las 2.500 plazas que ofrece esta modalidad van a seguir trabajando "y no podemos mirar a otro lado".
Fabián Martín, del Grupo Mixto, señaló que en el texto consensuado por los grupos de la Cámara se suspende el permiso que tenían que dar la comunidad de propietarios para ejercer esta actividad. "También se establece un régimen de control de acorde con la actividad que se realice", subrayó Martín, que dijo que espera que el Gobierno de Canarias lo apruebe".
Ignacio Lavandera, del PSOE, indicó que es imprescindible regular las viviendas vacacionales, "porque esta oferta lleva muchos años y no existirían sino existiera la demanda"."Ayudará además a diversificar la oferta turística y crear empleo en un marco legal, sin miedo a ser penado, regulando los derechos de los arrendatarios y arrendadores", añadió.
Por su parte, José Luis Perestelo, del Grupo Nacionalista, señaló que los propietarios de esas viviendas desean estar en la legalidad, cumplir todos los requerimientos administrativos, "para que no se les acuse de competencia desleal".
