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Canarias sanciona a una empresa pública estatal

Multa con 8 millones de euros a Red Eléctrica por el cero energético en Tenerife de 2020

 

  • Lancelot Digital
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    El Consejo de Gobierno aprobaba ayer miércoles el decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador incoado a la empresa pública estatal Red Eléctrica de España (REE) por el cero energético en Tenerife el 15 de junio de 2020, y que comporta una multa de 8 millones de euros. En concreto, por la comisión de una infracción administrativa calificada de muy grave y prevista en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE).

     

    Hay que recordar que el pasado 15 de junio de 2020 se produjo un cero de tensión en las subestaciones de 66 kV de Granadilla, polígono de Granadilla, Arona, Chayofa, Los Olivos y Guía de Isora, que duró entre las 13.08 y las 14.02 horas, afectando a un total de 149.970 abonados.

     

    En la instrucción del expediente, tal y como informa Diario de Avisos, se acredita que Red Eléctrica de España, SAU, incurrió en la siguiente infracción tipificada como muy grave en el artículo 64.31 de la LSE: “La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legales o reglamentarios establecidos o fuera de los supuestos previstos legales o reglamentarios”.

     

    A la vista de lo propuesto por el instructor, se considera que la sanción que se impone, por importe de 8.001.129 euros, es proporcionada, considerando que para las infracciones muy graves el rango señalado por el artículo 67.1 de la LSE oscila desde los 6.000.001 y hasta los 60.000.000 de euros.

     

    En cuanto a la metodología seguida en la propuesta de resolución, y dado que no existe una normativa que desarrolle el artículo 67.4 de la LSE en la que se señale cómo deben ser aplicados los criterios de graduación a la hora de imponer la cuantía de la sanción, indica el Gobierno canario que es al instructor al que le corresponde interpretar cómo aplicarlos.

     

    Dentro de ese margen de apreciación que le corresponde en el desempeño de sus funciones, el Gobierno de Canarias considera que la manera de proceder de este en la propuesta de resolución “es la más adecuada”.

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