Yo invito, pero tú pagas
Andrés Martinón
Me contaba hace unos días un amigo que se mudaba a Madrid. Que había aceptado una oferta de trabajo en una universidad de la capital. Le pregunté por qué y me dijo que lo hacía porque no le renovaban su contrato en la Universidad de Las Palmas. Su labor en uno de los equipos de investigación como ingeniero era inmejorable, pero pasó una cosa: la entrada en vigor de la obligatoriedad de crear contratos indefinidos le perjudicó pues la institución educativa tiene como política no hacer contratos indefinidos con sus investigadores, entiendo que por no ampliar en exceso su plantilla. O sea, esta nueva norma que nace con el fin de proteger al trabajador se acaba convirtiendo en un arma contra él o contra ella; no solo no se le hace indefinido, sino que se le despide.
Estas son algunas de las leyes que está aprobando el actual grupo de gobierno en el país. Normas que no le cuestan ningún esfuerzo. Obligaciones para terceros y ni un euro en sus presupuestos. Y lo hacen pensando en las empresas o en empresarios. Es decir, que las indemnizaciones de estos trabajadores, si luego los quieren despedir, las pague la empresa. Pero claro, aquí, este gobierno progresista, como le gusta hacerse llamar, no piensa que esta medida pueda tener un efecto disuasorio: que no se contrate por unos futuros costes de despido, o en el caso de la Universidad de Las Palmas (nada que ver con una empresa; todo lo contrario, una institución pública de la formación) decida incluso despedir para no tener que renovar y luego ese contrato se convierta en indefinido.
Esta ley, junto a la del salario mínimo, la Ley de la Dependencia, la Ley del Tabaco y otras muchas, tienen un elemento en común. El Gobierno utiliza una especie de política que se podría titular algo así como: “Yo invito, pero tú pagas”. Yo legislo, pero no invierto, no financio, no subvenciono, no pago... Crea normas con buenas intenciones y con alta carga de aceptación popular, pero que luego o son difíciles de llevar a cabo (Ley de Dependencia) o los costes de las mismas las paga un tercero.
La última demostración es el nuevo paquete legal conformado desde el Ministerio de Irene Montero. Una serie de medidas en las que amplía derechos de la mujer como el aborto o las bajas por menstruación dolorosa. Aquí volvemos a lo mismo, pues en ambos casos la norma no requiere de gasto estatal, pero sin embargo, se olvida de la denominada “tasa rosa”, una reivindicación real sobre la condición de la mujer y la necesidad de rebajar el impuesto indirecto del IVA en productos de higiene femeninos. Pero aquí no logra ni un mísero descuento. Vino a decir que lo peleará en futuros presupuestos. Sí, ya.
