Una inversión millonaria en peligro
Por Antonio Coll
Cuando se adjudicó las obras públicas para el gran proyecto del nuevo puerto de Playa Blanca, Yaiza, la noticia se convirtió en una gran alegría para todos los lanzaroteños, pues se trataba de una de las inversiones más importantes que se hacía en la isla desde hacía mucho tiempo. Es que estamos hablando de una obra pública (43 millones de euros), adjudicada, en un concurso público por Puertos Canarios, a Fomento de Construcción y Contratas (FCC) y que estaba prevista que las obras se iniciaran este año y generaría la contratación de más de 100 trabajadores, entre directos e indirectos. Tengo que recordar que la nueva infraestructura portuaria en el sur de Yaiza se viene reivindicando desde hace más de una decena de años. La obra cuenta con la financiación de los fondos FEDER (Unión Europea) que aporta el 85% y el resto el Gobierno de Canarias.
Ahora, la reciente noticia de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha dictaminado la anulación del concurso público licitado, al parecer, por determinados errores en la valoración de criterios de baremación, ha levantado todas las alarmas en Lanzarote ya que existe la amenaza de que se pierda las partidas europeas (85%) si Puertos Canarios se ve obligado de nuevo a licitar las obras.
Según el Diccionario Enciclopédico Larousse, el vocablo “Baremo”, significa: “Tabla de cuenta ajustadas. Conjunto de normas establecidas convencionalmente para evaluar los méritos personales, la solvencia de las empresas, etc.” Para organizaciones empresariales y la propia Cámara de Comercio no se entiende cómo se puede cometer errores en la valoración de criterios de baremación por parte de los responsables de la adjudicación de las obras a un grupo de empresas, encabezada por la citada FCC.
Como es sabido, la resolución del Tribunal proviene tras aceptar parcialmente la reclamación, efectuada por otras empresas concursantes: Acciona y Lanzagrava. Ahora los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias tendrán que desentrañar el dictamen jurídico del Tribunal de Contratos Públicos, sobre todo, con el objetivo de que no se pierdan los fondos de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que el plazo de ejecución está establecido en 55 meses. Si la remodelación del Puerto de Playa Blanca no se llevara a cabo en ese plazo, con toda seguridad las partidas europeas se perderán y se tendrá que proceder a convocar una nueva licitación. ¡10 años más! Ya decía Honoré de Balzac que “La burocracia es una máquina gigantesca manejada por pigmeos”. Percibo que a la isla le sigue persiguiendo “monstruos maléficos” porque si no es por una cosa es por otra, pero al final, los proyectos se ubican en el “baúl de los recuerdos”. Y en este caso, con las partidas aprobadas y el proyecto licitado, puede quedarse en nada, por negligencias administrativas, incompetencia técnica y gestión ineficiente. Para proyectos y planes, Lanzarote es una “plaga de obstáculos”. Las dificultades para emprender algo están siempre al orden del día. Y al final todo se convierte en estancamiento. Y las repercusiones son más paro y una economía inestable, por falta de inversiones. La burocracia y la intrincada madeja jurídica, sin ninguna eficacia práctica, no solo “estrangula” la prosperidad de la isla sino que crea una atmósfera de ansiedad y desosiego. Y así nos va.
