Un rapapolvo de cuidado
Francisco Pomares
Hace un par de meses, escribí una tira sobre la instrucción interna recibida por el personal de la Consejería de Derechos Sociales, para que los valoradores se pusieran a tramitar rápidamente ayudas familiares, y presentar así buenas cifras. Cuando los valoradores se negaron a hacerlo, se decidió contratar a personal externo, menos dado a plantar cara. Así se logró reducir las listas , acudiendo a la aplicación masiva de la medida más barata, los 387 euros de la prestación económica para el entorno familiar, un mecanismo eficaz para bajar las listas de espera, pero que no mejora la vida de los dependientes ni profesionalizar a sus cuidadores.
El día en que se publicó aquella columna, antes de las ocho de la mañana y a punto de salir de casa para ir a la radio, recibí una llamada telefónica de la Directora General responsable, en la que –muy airadamente- me dijo que yo era un mentiroso y que era completamente falso que existiera esa instrucción. Le dije que yo la había visto y entonces me amenazó con denunciarme a los tribunales si volvía a hablar del asunto. Por supuesto que volví al asunto (y lo he seguido haciendo), y fueron entonces los abogados de la Consejería los que me advirtieron por escrito –a mí y a los medios para los que trabajo- de que me exponía a ser denunciado ante los tribunales. Aun así, no he dejado de señalar la existencia de una estrategia de la dirección política del departamento, cuyo objetivo no es –a mi juicio- mejorar la atención de los dependientes, sino sacar a la gente de las listas de espera, a cambio de un miserable óbolo de menos de 400 euros, que no resuelve el problema de la persona dependiente, ni de los cuidadores, pauperizando el trabajo de miles de personas. También seguí insistiendo en la existencia de esa instrucción oficial de utilizar el pago a las familias de los dependientes, que desde la Consejería se ha negado sistemáticamente.
El pasado miércoles, durante su comparecencia en la Comisión parlamentaria que atiende de asuntos relativos a Derechos Sociales, la directora de la Asociación de cuidadoras, Elena Felipe, calificó de “fraude” la forma en que se aplica la ley de Dependencia en Canarias, señalando que ese fraude se centra precisamente en usar de forma ordinaria una prestación –la de 378 euros destinada a compensar gastos ocasionados al entorno familiar- como un recurso para abatatar el sistema, empobrecer a las personas y reducir las listas de espera para presentar unos mejores resultados de gestión.
La propia Ley de Dependencia considera que la ayuda a las familias no resuelve el problema de las personas dependientes, es sólo un mecanismo de urgencia a aplicar cuando no existe otra posibilidad. Lo que ha hecho Arocha desde que se encarga de la Dirección General ha sido intentar por todos los medios reducir las listas, aunque fuera con un procedimiento artificial, como este. La señora Felipe fue muy clara al considerar obsceno –esa fue la expresión utilizada- que a las cuidadoras se les dé de alta en la Seguridad Social por un salario de cero euros –una práctica indigna pero permitida- y acabó explayándose con un buen rapapolvo a la directora general, cuyo nombramiento dijo haber recibido –como nos pasó a tantos- con la ilusión de que lograría cambiar las cosas, y a la que censuró que ordenara por escrito priorizar las prestaciones de miseria, para hacer creer que la situación mejora, cuando lo único que se ha logrado es empobrecer a las cuidadoras.
Con las ayudas repartidas por Arocha, Santana sigue vendiendo humo en el Parlamento. Presenta una mejora de las cifras, cuando lo que de verdad ocurre es que saca de las listas a personas que siguen sufriendo desatención. Por eso insiste Felipe en la denuncia de fraude en la aplicación de la ley, una práctica que fue calificada por el anterior director general, Miguel Montero, como un reparto de “ayudas de mierda”. Recuerdo que esa expresión de Montero, provocó la airada y escatológica respuesta de la consejera, que dijo que es mucho mejor una “ayuda de mierda” que ninguna ayuda. Lo que no dijo es que generalizando esa ayuda que solo debe aplicarse en casos excepcionales, lo que ha conseguido es agravar el problema.
La consejera y sus cómplices deberían irse.
