Uf, uf, uf…
Francisco Pomares
Ayer supimos que la Gerencia de Urbanismo de La Laguna ha decidido congelar la tramitación del expediente sancionador a Luis Yeray Gutiérrez, por aquella intervención en su casa que los técnicos de urbanismo consideraron ilegal y no legalizable. Ante el retraso en el inicio del expediente sancionador, el concejal denunciante, el belicoso Alfredo Gómez, solicitó a Urbanismo una explicación, que ahora ha contestado Santiago Pérez, alegando que el trámite sancionador no debe ser considerado urgente, y que -al no ser urgente y no disponer el área de Urbanismo del personal necesario para ocuparse de un asunto que no es prioritario-, se ha optado por dejar la sanción en stand by.
Vaya jeta:_la decisión del senador Pérez se me antoja una pura desvergüenza. Es cierto que el asunto que nos ocupa es bastante menor: las obras que se discuten en la vivienda del alcalde y de la concejal, Yaiza López, su pareja, son una irregularidad, no un crimen, ni un asunto de corrupción. Lo que hicieron no fue un delito, sino una falta administrativa, acreditada por la gerencia de Urbanismo, a instancias del propio alcalde. Construyeron sin disponer de licencia un cerramiento de balcón, como hace tanta gente. Hacer reformas en el domicilio propio sin pedir licencia de obras es una práctica asentada en nuestra cultura doméstica. Son muchísimas las infracciones que se cometen saltándose la licencia, y muchas no llegan a ser sancionadas nunca, porque no las denuncia nadie –un vecino, una persona que te la tiene jurada- y la inspección municipal funciona bastante mal.
Nos hemos especializado en la cacería de políticos de todos los colores (por parte de políticos de otros colores), en la que vale todo: al final un asunto que se resuelve pagando una multa y a veces con el derribo de lo obrado –en los casos en los que la intervención no puede ser legalizada a posteriori- se ha convertido en un mecanismo de destrucción masiva. Y hay faltas y faltas: desde mi particular entender, una infracción de tráfico o una obra sin licencia no pueden recibir la misma condena pública que una evasión fiscal o que enchufar a un amigo del partido en un puesto de trabajo, perjudicando a alguien que tuvo mejores resultados en las pruebas. Yo no soy de los que condenan al alcalde ni creo que deba ser condenado al ostracismo público por cerrar su balcón. Creo que eso es un exceso majadero. Pero si te pillan, tienes que pagar la multa. Sin condenas morales, ni acoso mediático, porque está mal aparcar donde no se puede o abrir una ventana a la calle sin licencia, vale, pero nadie merece ser linchado por algo así.
Lo que me parece un descaro es que el concejal de urbanismo, senador por el partido del alcalde, decida que el alcalde –probablemente por serlo- puede librarse de cumplir las leyes y de ser sancionado cuando procede. Eso es tratar a la gente con distintos raseros. Cada uno de los ciudadanos de La Laguna que haya tenido que responder de faltas similares a las cometidas por el alcalde –y seguro que algunos habrá- debe estar trinando en estos momentos al observar que ese gran defensor de la moral ciudadana y la probidad pública que es el senador Pérez, se considere legitimado para mandar al limbo el trámite sancionador decidido por los técnicos de su propia concejalía. Lo de Pérez es no una torpeza más, consecuencia de años de creer que la gente es tonta, sino un evidente abuso de autoridad. Pérez asegura que el asunto no es urgente –y yo también creo que no lo es, no se trata de intervenir una operación a corazón abierto- pero lo que no dice Pérez es que si no interviene ahora, en un par de años la falta quedará prescrita…
La pregunta que hay que hacerse es si Pérez habría actuado igual, buscando un resquicio reglamentario para librar al alcalde de cumplir con su obligación, si el pillado en falta hubiera sido un concejal de la oposición. Y ya puestos, me pregunto que habrían dicho esos medios en los que Pérez se desgañita con frecuencia acusando a todo el que no piensa como él, de ser un delincuente que utiliza triquiñuelas legales para escapar a la acción de la Justicia. Esos mismos medios que habrían crucificado a un concejal adversario de Pérez por una multa de circulación, ahora están callados como hetairas (acepción dos del DRAE). Ellos sabrán por qué.
