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Francisco Pomares
El Congreso volvió a representar ayer el espectáculo de nuestra vergüenza nacional: la incapacidad de los dos grandes partidos españoles para ponerse de acuerdo y afrontar los asuntos que más preocupan al país, entre ellos la emigración, que ayer ascendía en las encuestas a primera preocupación de la opinión pública. En un ambiente de guerra abierta entre el PSOE y el PP, con ambos partidos acusándose mutuamente del bloqueo a la búsqueda de soluciones a la crisis migratoria, la política en las islas permitía escapar de la impresión general: la visita a Canarias del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, el griego Margaritis Schinas, enviado especial de la presidenta Von der Leyen, con un mensaje de respaldo de la Unión Europea a Canarias, permitía ayer un soplo de optimismo, tras un año de portazos. La presidenta se encuentra retenida en Bruselas hilvanando la complicada configuración de equilibrios territoriales y políticos en la nueva Comisión, pero el mensaje trasmitido por su representante ha sido muy claro: garantías al Gobierno de Canarias de la inmediata puesta en práctica de medidas para contener la crisis migratoria en las islas. Entre ellas, una propuesta extraordinaria: que España pueda tirar del dinero que recibe del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para hacer frente a la contingencia migratoria. El Gobierno nacional tendría que solicitar formalmente a Bruselas esa excepción, y también que se apliquen anticipadamente en Canarias medidas incluidas en el nuevo marco comunitario de migración y asilo, cuya puesta en marcha no está prevista hasta el 2026.
Pero Schinas fue más allá. Anunció que la Comisión espera la petición de colaboración del Gobierno de España para lanzar de forma inmediata un ambicioso plan de auxilio a las islas, coordinado con el Estado. El plan incluye la aportación de 14 millones de euros para la construcción y mejora de los centros de acogida, el despliegue del Frontex, el refuerzo de las agencias europeas de asilo para niños y jóvenes migrantes y el aumento de la cooperación con Mauritania, Senegal y Gambia. Una clara aproximación de la Comisión a ese ‘plan global’ para hacer frente a la crisis migratoria que el Gobierno de Canarias viene solicitando desde hace más de un año, y que el PP puso antes del verano como condición inexcusable para apoyar la reforma de la ley de Extranjería. El propio Schinas reiteró a lo largo de sus declaraciones la importancia de que se produzca una estrecha colaboración entre los niveles europeo, nacional y regional si se quiere evitar que la situación empeore. Con ese aval de la mañana, no es de extrañar que Fernando Clavijo aprovechara en la tarde su encuentro con el rey Felipe, para hablar de la emigración, del papel que juega Canarias como frontera sur de Europa, y de la necesidad de comprometer al Estado y las regiones en la atención a los niños y jóvenes migrantes.
Clavijo lleva desde que se hizo cargo del Gobierno centrado en resolver el que es hoy uno de los principales problemas a los que se enfrenta esta región. Ha sido muy complicado conseguir que la emigración ilegal y su secuela de menores no acompañados, de los que se ha hecho cargo Canarias en solitario, sin apoyo alguno del Gobierno Sánchez, se convierta en un asunto de Estado. Podría decirse que comienza a serlo, que incluso ha logrado trascender la política nacional y despertar interés en Europa o la preocupación del Papa Francisco. Por desgracia, el exceso de polarización en España juega en contra de la búsqueda de soluciones basadas en la solidaridad y el sentido común: el Gobierno de la nación sólo ha aceptado iniciar un inevitable proceso de negociación con el PP, después de que el de Canarias y su presidente rompieran el tradicional far-play en las relaciones con Madrid. La decisión de plantear una aplicación estricta del protocolo de aceptación de menores, exigiendo al Estado que los identifique antes de ceder su custodia a las autoridades regionales, parece haber dado resultados. Con un Gobierno en clara minoría parlamentaria, pero instalado en una inexplicable chulería, no vale el modo canario. A veces hay que actuar a la berraca, dejar claro lo que se puede aceptar y lo que no.
Torres, que ha elegido en este asunto jugar la carta de Moncloa y no la de Canarias, anunció ayer que se da un plazo de siete días para hablar con el Gobierno regional y seguir limando los desencuentros, para modificar o suspender el protocolo canario de acogida de menores inmigrantes. Ese es un mal camino, no va a funcionar. Lo que debería hacer Torres es convencer a su jefe de que hay que maniobrar, ceder, consensuar el cambio en las políticas migratorias con el PP y cerrar un acuerdo nacional para el reparto de los niños en el resto de los territorios. Todo lo que no sea caminar en esa dirección es seguir avanzando rumbo al desastre.
