Primera sentencia
Francisco Pomares
La Justicia es exasperantemente lenta, lo sabemos todos. Pero a veces la justicia también produce sorpresas. Ayer, uno de esos pseudomedios denunciados por el PSOE ante los tribunales –El Confidencial– adelantó la primera sentencia sobre el caso mascarillas. Una sentencia de un juzgado de Primera Instancia de Madrid, recurrible, por tanto, y además liminar en el asunto de las compras corruptas, pero muy interesante, porque apunta con claridad por donde irán los tiros en futuras sentencias. Esta es fruto de la denuncia de un empresario contra Ábalos, y la historia comienza cuando el exministro es denunciado ante el Supremo hace cuatro años –en plena explosión de la pandemia- por un abogado que le acusaba por haber adjudicado a dedo un contrato millonario desde su Ministerio, a una desconocida empresa zaragozana, para comprar mascarillas y epis. La empresa señalada era nada menos que Soluciones de Gestión, clave en la trama de Víctor de Aldama y Koldo García.
El abogado Ramiro Grau, un tipo condenado hace una década por abuso sexual, denunciaba en abril de 2020 la posible existencia de cohecho y tráfico de influencias en la compra de Ábalos a Soluciones. No sólo acudió al Supremo: también remitió hasta seis escritos a Pedro Sánchez advirtiéndole de la compra irregular, y a la Fiscalía, sin éxito alguno. En declaraciones a Onda Cero, Grau ha contado que envió sus escritos a Presidencia del Gobierno tras comprobar que se adjudicaban cantidades millonarias a una empresa zaragozana que no tenía actividad y que en 2019 facturó cero euros, para convertirse el año después en proveedora exclusiva de material sanitario al Ministerio de Transportes. Grau también envió el escrito a la que era entonces portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, que jamás contestó ni se dio por aludida, y a Isabel Díaz Ayuso, que sí dijo que investigaría el asunto. Aparte de la respuesta de la presidenta de Madrid, nadie le hizo caso a Grau. Se dedicó entonces a escribir artículos y a publicar un par de libros en los que ponía a Ábalos y a su tramoya delincuencial a caldo pota, en un lenguaje que podríamos definir como soez y poco respetuoso.
Ábalos, por supuesto, reaccionó denunciando a Grau. Y también lo hizo José Ángel Escorial, uno de los socios de Soluciones de Gestión, que le pidió nada menos que 150.000 euros. El ministro fue más discreto: tiró de recursos del Ministerio para pedir ser indemnizado con 70.000 euros por haber sufrido ataques injustos contra su honor y por intromisión en su intimidad personal y familiar.
Y es verdad que el abogado Grau le había dicho de todo –chanchullero y ladrón, son dos de los calificativos más suavitos que usó Grau para referirse al ministro- pero el juez que se ocupó de la denuncia ha estimado que en este asunto prima la defensa de la libertad de expresión y el derecho del abogado denunciante a estar enfadado.
En Derecho hay acusaciones que son delictivas, excepto si se produce la constatación de que lo que se ha dicho es la verdad. Es el principio del exceptio veritatis, que a veces se ha utilizado también para intentar justificar el insulto, la agresión y la manipulación informativa con fines espurios. En su sentencia, de hace medio mes, el juez no entra en dirimir si lo que denuncia Grau es cierto o es falso –no es lo que se juzga- pero si recuerda la situación de crispación y cabreo que se produjo en todo el país ante la percepción de que las compras de material sanitario se habían convertido en un negocio, y recuerda que –en el caso de Ábalos- su propio partido decidió suspenderlo de militancia ante la sospecha de un comportamiento poco ejemplar.
No se trata, pues, de una sentencia que siente jurisprudencia sobre el ‘caso mascarillas’, porque lo que se juzga es una demanda sobre protección del derecho al honor, pero si da por hecho lo que la inmensa mayoría de los ciudadanos creemos: que Ábalos, Aldama, Koldo y otros cuantos cuyos nombres orbitan alrededor de los anteriores, montaron una gigantesca operación de extracción de recursos públicos con destino a sus bolsillos, en uno de los momentos más duros de la historia reciente de este país, mientras centenares de miles de personas morían sin recibir la atención que precisaban.
En la medida que avancen las investigaciones sobre este gigantesco escándalo (se iniciaron precisamente con la denuncia de Grau, acusado también de ultraderechista cuando presentó su demanda) se irán dirimiendo responsabilidades anexas. Algunas serán políticas y otras serán por complicidad. Es improbable que este asunto no deje por el camino algún cadáver más, aparte los del ministro plenipotenciario y el ejemplo para los militantes.
