Presunciones
Por Francisco Pomares
Nunca he sentido especial simpatía por Fernando López Aguilar, considerado casi unánimemente como uno de los políticos más preparados y brillantes de las islas. Creo que es un hombre con poca capacidad para la empatía y que sostiene su compleja sicología de hombre público sobre la percepción –por otro lado cierta- de que la mayoría de los políticos con los que ha tenido que tratar no le llegan –intelectual y académicamente- a la suela del zapato. Lo que ocurre es que en las sociedades modernas, la relación entre los políticos y su público no es sólo una cuestión de currículo y capacidad. Eso valía quizá para los tiempos de Fraga Iribarne, otro monstruo político con un currículo de muerte y una empatía de pena. Pero ya no sirve.
Dicho eso, lamento profundamente que el conflicto doméstico del que él y su mujer son protagonistas vaya a costarle la carrera política. Después de una denuncia por maltrato presentada y retirada por uno de los hijos de su mujer, tras ser desmentida por esta, y sin que medie nueva denuncia, López Aguilar ha sido imputado como presunto maltratador como consecuencia de una investigación policial que se origina porque sendos descuidos de su mujer en la cocina provocaron dos pequeños incendios en su domicilio. Preguntados los vecinos, éstos aseguraron haber escuchado insultos y gritos en la casa, de los que ya han dado cumplida cuenta los medios. La mujer de López Aguilar, interrogada bajo juramento, ha confirmado la existencia de esos gritos e insultos y de comportamientos violentos del ahora imputado, realizando –además- un sorprendente y precisa descripción sicológica de su marido, sobre la que tampoco voy a entrar aquí, pero que viene a coincidir con algunas de las interpretaciones sobre López Aguilar, su carácter y su talante como político, que se han publicado los últimos ocho o diez años en los medios de comunicación isleños.
En fin, insisto en que no simpatizo con López Aguilar, un personaje con el que me ha sido siempre muy difícil entenderme. Pero su renuncia instantánea como militante del PSOE, su apartamiento de las responsabilidades políticas por parte de su partido, y la destrucción pública de su imagen, su trayectoria y lo que él mismo denomina su hoja de servicios, como respuesta a algún calentón de pico escuchado por sus vecinos, y a un muy difuso reconocimento de actitudes violetas por parte de su mujer, sin que haya mediado denuncia por su parte, ni exista resolución judicial alguna, me parece que ilustra perfectamente el calvario al que los protocolos policiales de aplicación de la ley de violencia de género somete a miles de ciudadanos denunciados. López Aguilar ha tenido la suerte de no pasar un par de días enchironado, porque no ha sido denunciado, y porque está aforado, pero no es el caso de multitud de varones que son automáticamente apresados, retenidos en chirona durante días y puestos a disposición judicial ante la mera existencia de una denuncia de sus parejas.
No entro a cuestionar ni las razones ni los resultados de la ley de violencia de género, aprobada precisamente cuando López Aguilar era ministro de Justicia, y que ha salvado las vidas de mujeres amenazadas por la violencia machista. Pero si creo que los procedimientos deben aquilatarse para evitar que la mera acusación de parte se convierta en una condena fulminante e insalvable para el acusado. El caso que nos ocupa, por sus implicaciones políticas y sociales y por tener una enorme trascendencia pública, puede resultar ciertamente emblemático, pero no es ni siquiera el más dramático de los que yo he tenido conocimiento. Aunque el daño es irreparable, López Aguilar ha podido al menos defenderse y mantener su dignidad como persona y como imputado. Otros muchos en similares circunstancias han sido literalmente destruidos como personas. Por eso, establecer la presunción de inocencia de cualquier acusado, extremando la protección sobre la parte acusadora, que es estos casos suele ser la más débil, es vital para que funcione el sistema de contrapesos y garantías en que se basa la verdadera justicia.
