¿Por qué en La Laguna?
Francisco Pomares
Hay todavía quien mantiene el discurso-Bambi: convertirse en aparcadero de menores emigrantes no es un problema, sino una bendita oportunidad. Se trata de una reflexión tan buenista como peregrina: el amontonamiento de menores inmigrantes no es una oportunidad para nada ni para nadie, supone un riesgo, especialmente para ellos los pibes, esa generación de africanos mal atendidos, hacinados en macrocentros, marginados y sin posibilidades de integración social. Es también un peligro someter a los niños y jóvenes a la brutalidad de ser tratados como ganado. ¿Que posibilidad hay de incorporar a la sociedad a niños y jóvenes que han pasado por la experiencia del hacinamiento? Escasas.
La única posibilidad razonable de integración para los críos es la que recomiendan y exigen las ONGs del sector: atenderlos en centros pequeños y casas de acogida. Canarias ha creado más de cincuenta centros en lo que va de este año, casi triplicando los que existían hasta ahora, en un esfuerzo realmente extraordinario. Aun así, no es suficiente, muchos centros para menores están colapsados, algunos al doble incluso de su capacidad real. Pero ni siquiera así es suficiente: no paran de llegar menores. Muchas familias africanas han entendido que son los menores los únicos que tienen garantías de sortear la repatriación. Por eso se ha disparado en los dos últimos años el ritmo de llegadas de jóvenes de entre más de catorce y menos de 18 años.
Se trata de una tendencia imparable, un cambio en el paradigma de la migración irregular africana. Cada vez llegan más niños y jóvenes, y el Gobierno nacional se lava las manos, porque consideran que no es su problema. Si lo es, por supuesto, pero la Administración central lleva años abusando de la buena voluntad de Canarias y de los responsables de atender a los menores, que han asumido un esfuerzo extraordinario para evitar que ningún niño se quede fuera. Por eso, la única opción es el reparto, la distribución de los que llegan, en centros distribuidos por otras regiones españolas y otros países europeos. La segunda opción es muchísimo más difícil, y la primera encuentra una inacción absoluta por parte del Estado y una resistencia enorme en los territorios que podrían acoger a los migrantes. No es una reacción diferente a la que se plantea aquí: lo que pide Clavijo –distribuir a los menores porque Canarias está colapsada- es lo mismo que pide Rosa Dávila, y lo mismo que desde hace años ha pedido siempre el alcalde de La Laguna, donde están los dos únicos macrocentros que se instalaron en Tenerife. Se trata exactamente del mismo discurso: no caben más en Canarias, no caben más en Tenerife, no caben más en La Laguna. Lo que hay que hacer es repartirlos fuera de La Laguna, fuera de Tenerife, fuera de Canarias. De eso va esta historia. Por eso es necesario dejar la política fuera –La Laguna ha logrado hacerlo en los últimos años, a pesar de cargar con la peor parte en el reparto- y lograr que el PSOE y el PP abandonen la bronca y se pongan de acuerdo.
Hace un par de meses, ante la evidencia de que miles de emigrantes esperan en las costas de Mauritania para arriesgarse y dar el salto a las islas, Defensa fue requerida para ofrecer nuevos lugares donde ubicar provisionalmente a los migrantes, que ya han comenzado a llegar a cientos todas las semanas. El Ministerio contestó primero que no disponía de espacio alguno. Un informe posterior del Estado Mayor del Ejército, cursado a la Ministra, detalló la situación de inmuebles e instalaciones cedidas a los ministerios de Inclusión Social e Interior, destacando que sólo quedaban ya en Canarias dos instalaciones más: una –el viejo cuartel de San Francisco, conocido como Cuartel del Cristo-, en proceso de afectación definitiva al Cabildo de Tenerife, para ser utilizado como centro sociosanitario en La Laguna, y otro, el polvorín de Tabares, también en el término municipal lagunero, pero completamente en ruinas, y en el que sería necesario demoler las instalaciones existentes para instalar carpas, al estilo de Las Raíces.
Rosa Dávila respondió ayer en los medios diciendo justo lo que pensamos muchos: que el Gobierno central no ha entendido lo que se le pide. Que Canarias no quiere la instalación de más centros, lo que quiere es que el Gobierno de España se afane en la búsqueda de soluciones que permitan la derivación de emigrantes al resto del país.
Dávila planteó que no tiene sentido proponer dos instalaciones más en La Laguna, una ciudad que ya tiene dos grandes instalaciones, una de ellas -Las Canteras- no operativa. Al margen de la brega política, coincide la presidenta insular con el criterio reiteradamente expresado por el alcalde de La Laguna: la ciudad no puede convertirse en una cárcel de emigrantes, no es sensato que todas las instalaciones se instalen en Aguere. El mismo criterio que ampara al Gobierno regional al pedir que se atienda a los chicos fuera de Canarias, puede aplicarse a la hora de reclamar que no sea La Laguna quien albergue todas las instalaciones de recepción.
