Podemos y el sistema electoral canario
Por Antonio Coll
El ya manido debate sobre el sistema electoral canario, vuelve de nuevo a la palestra, en esta ocasión, por el anuncio de la cúpula de Podemos en Canarias, de su decisión de modificar el sistema electoral canario actual, plasmado en el Estatuto de Autonomía de Canarias. Su intención es primar “población” y no el territorio. Este supuesto panorama, beneficiaría a las islas más pobladas, es decir a Gran Canaria y Tenerife. Actualmente, el Parlamento de Canarias está conformado por 60 diputados, de los cuales 30 parlamentarios representan a las cinco islas con menor población. Es una fórmula muy democrática y mantiene el equilibrio político entre todas las islas. Para la implantación de este sistema, en su día, fueron intensas las negociaciones y enfrentamientos, hasta que se impuso la cordura y el consenso para un justo reparto.
Es posible que Podemos, como partido español, desconoce o quiere ignorar que el archipiélago está conformado por islas y separadas por el mar. Es un territorio fragmentado y eso tiene sus altos costes para los habitantes, sobre todo de las llamadas “periféricas”. Según los “populistas”, su objetivo es evitar el “insularismo”, como si en Gran Canaria y Tenerife no existiera. El llamado sistema de la triple paridad es justo y conciliador. Y aun así se comenten atropellos y desigualdades en el reparto de los presupuestos generales, siendo Lanzarote una de las islas más perjudicada históricamente.
Mi humilde recomendación para los dirigentes de Podemos en Canarias es que se centren en influir para que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias –REF- se convierta en una herramienta eficaz, con mayores incentivos fiscales y luche para reestructurar una economía tan frágil como la canaria, al depender en un gran porcentaje del sector turismo. En este sentido habría, que fomentar otros sectores, como la agricultura, viticultura, pesca, ganadería etc., potenciar el libre mercado y atraer potenciales inversores, para crear un modelo económico estable y acabar con los altos índices de desempleos.
Blindar el Estatuto de Autonomía
La imprescindible reforma del Estatuto de Autonomía, aún se halla en el Congreso Español para su debate, y su aprobación, es prioritaria. Podemos tiene que ser consciente de que el trato colonial que practica los gobiernos españoles, con respecto a Canarias, ha de impedirse, blindando un Estatuto, donde se plasme la ultraperificidad, con competencias cercanas a un estado libre asociado. Si el Reino de España quiere preservar la integridad territorial de Canarias, tendrá que revisar sus políticas “neocoloniales” y asegurar la prosperidad de un pueblo que se bate ante un futuro lleno de incertidumbres.
La abstracta y torpe política seguida por el nacionalismo canario dividido, su carencia de propuestas idealistas y creativas, han provocado la desconfianza en muchos de sus históricos electores. Igualmente, partidos tradicionales como PSOE y PP se han convertido en cotos cerrados, practicando políticas de camarillas y clientelar, generando cada vez más el desafecto de sus simpatizantes y votantes. Todo ello, ha facilitado que partidos como Podemos, obtenga óptimos resultados electorales, ofreciendo expectativas optimistas, muchas utópicas, pero con muchas dosis para ser creíbles en mucha gente desengañada e indignada, en un tiempo de crisis económica y social.
El programa económico y social para Canarias tiene que ir encaminado a bajar el IRPF, el Impuesto de Sociedades, eliminar el de Patrimonio y Sucesiones y establecer el IGIG en el 5% histórico. Y por supuesto, controlar el gasto público. Estos son los problemas que preocupan a la gente, no el cambio del sistema electoral que si bien favorecería a los políticos de Gran Canaria y Tenerife, tampoco creo que sirva de mucho para reactivar la economía canaria y el empleo, si no se marcan líneas estratégicas para promover el desarrollo, diversificando su economía. El sistema electoral canario no es el problema. Es la pésima gestión política de muchos de sus dirigentes. Y esto es lo que produce situaciones potencialmente traumáticas para una gran mayoría de los canarios y residentes. Y concretamente, en la isla de Lanzarote, la indignación es mayúscula por el freno que se pone a los planes de ordenación del territorio o el de la Geria.
