Pobreza y contención
La Mesa del Parlamento de Canarias decidió el jueves congelar en 2023 el presupuesto de la cámara regional, dejándolo en las cifras de este año, y renunciando a subir el 3,5 por ciento los sueldos de los diputados y los responsables políticos de los organismos dependientes del Parlamento: Audiencia de Cuentas, Diputación del Común, Consejo Consultivo y Comisionado para la Transparencia. La decisión de contener el gasto es una buena noticia, y que el Gobierno haya decidido secundarla –sólo en lo que a salarios de altos cargos se refiere- también lo es. Ojalá el Gobierno hubiera optado por congelar también el presupuesto a las cifras de 2022, en vez de desparramarse en una de las mayores subidas de su historia. Pero la doble decisión –congelar salarios públicos y expandir el presupuesto aunque eso caliente aún más la inflación- tiene sin duda su lógica común: 2023 es año electoral, y los políticos optan por evitarse el bochorno de ser vilipendiados por subirse el sueldo, mientras disparan el presupuesto para mantener contento al personal y activas las políticas clientelares. Por si hubiera alguna duda de que ese es el motivo de la congelación de los sueldos del Gobierno, basta contemplar lo que han hecho el Gobierno de la nación y el Congreso de los Diputados, aún lejos de enfrentarse a elecciones: han aprobado sin dudarlo subidas de salarios y aquí paz y en el cielo gloria.
El mismo día que los periódicos publican la decisión de la mesa del Parlamento y las webs anuncian que el Gobierno regional pilla recortes y hará lo mismo, se difunde el Informe Arope sobre pobreza del año 2021, y las noticias confirman que en Canarias se agranda la brecha de la desigualdad social entre ricos y pobres y entre canarios y el resto de españoles. La pobreza severa afecta en las islas a más de 365.000 personas que viven con ingresos inferiores a 454 euros mensuales, y eso convierte a las islas en la región con mayor pobreza severa de todo el país. El panorama es aún más desolador cuando el informe revela que sin las medidas de refuerzo económico puestas en marcha por el Estado, las regiones y las corporaciones locales –gracias al maná europeo- la pobreza en Canarias habría aumentado hasta afectar al 45,6 por ciento de los habitantes de las islas, casi la mitad de la población. Aún a pesar de las medidas, en Canarias hay casi 617.000 personas pobres.
En ese contexto concreto, la reciente decisión del Gobierno Sánchez de retirar del presupuesto cinco miserables millones de los 35 del Plan canario contra la pobreza, resulta cuando menos indigna. Hay quien asegura –por lo bajini– que la decisión de retirar esos pocos millones es sólo una artimaña política, una concesión al partido que antes se llamaba Nueva Canarias para que –ahora que no tiene ya representación en el Congreso- pueda vender electoralmente una campaña para que esos dineros del Plan vuelvan a ser consignados en el Presupuesto 2023 y así apuntarse un tanto. Una estrategia para seguir en el candelero del debate presupuestario aún careciendo de representación parlamentaria de ámbito nacional. Personalmente no creo que el PSOE se haya prestado a una operación tan mezquina, jugando con los dineros de quien más lo necesitan. Probablemente, la retirada de esos dineros para combatir la pobreza haya sido un despiste –se añadieron el año pasado- que se subsane en la primera revisión del Presupuesto. Lo contrario sería realmente escandaloso: retirar dinero contra la pobreza justo cuando Canarias se convierte en la región con mayor pobreza severa del país.
Si el Gobierno Sánchez pierde la vergüenza y no encuentra los millones que se le han perdido, el de Canarias puede aportarlos: sólo representa un 0,2 por ciento del total del presupuesto, menos de la décima parte lo que va a costarnos subir los salarios públicos. Pero no hace falta castigar otra vez a los funcionarios: bastaría con retrasar 2024 la construcción de esas dos macrosedes que la Televisión Canaria ha decidido construirse, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, con un coste que -ayer lo aventuraba el administrador único del Ente-, podría rondar aproximadamente los 30 millones. No es un despilfarro tener sedes de la tele, es algo que hace falta. Pero digo yo que esos nuevos estudios y despachos que Francisco Moreno quiere adjudicar ahora por 30 millones pueden esperar un año más, y –además- seguro que esa prórroga alegrará a los actuales arrendatarios.
