Náuseas

Casimiro Curbelo se despachó ayer asegurando que la decisión de bloquear de nuevo el debate sobre el mandato marco de la tele, apenas tres días después de haber sido aprobado por los partidos del Pacto, menos Nueva Canarias, le había “provocado náuseas”. Resultó demoledor escucharle calificar el cambio de posición del PSOE y Podemos sobre la obligación legal de establecer un mandato para gestionar la tele. Su malestar con el viraje socialista y podemita se convirtió en un monumental cabreo cuando alguien le dijo que él también había firmado ese acuerdo: “¿Yo? Yo no he firmado nada de eso. Me parece una desvergüenza”. Y era verdad que no había firmado nada, aunque también lo era que su rúbrica aparecía debajo de su nombre en el oficio que por encargo de los partidos florales –de los cuatro- fue remitido el jueves al registro del Parlamento, alegando que el informe solicitado a la Audiencia de Cuentas sobre el coste de la televisión, y enviado en octubre al Parlamento de Canarias, no contaba con una “definición de todos los modelos existentes a nivel estatal de gestión de los servicios informativos de una televisión pública”, ni con el cálculo del “coste total de los distintos modelos antes referidos”. En base a eso, los portavoces del pacto floral pedían a la mesa un “nuevo informe externo” y la suspensión de los trabajos parlamentarios que han de aprobar por ley “un nuevo mandato marco”.

En cristiano, lo que ocurrió el jueves, es que Román Rodríguez –ese señor que dijo no saber lo que había votado su partido sobre la tele- movió cielos y tierra para conseguir que el PSOE y Podemos se retractaran de haber constituido la ponencia. También se intentó con Curbelo, que fue presionado por el portavoz de Nueva Canarias y la del PSOE para que firmara el escrito. ¿Y por qué tanto lío por evitar un trabajo parlamentario que no puede agotar los trámites para aprobar el mandato este año? Básicamente, para evitar pronunciarse sobre el modelo de televisión. Porque –si los partidos cumplen lo que han dicho- hoy existe mayoría para ir al modelo público. El informe de la Audiencia que ahora se considera inútil (Román llegó a decir que no existía) no se pronuncia por ningún modelo, solo ofrece a los diputados información para que decidan. Román –con el apoyo del medallista Moreno- ha hecho todo lo posible por retrasar que la tele sea pública. Quiere mantener el modelo mixto, que beneficia a los actuales propietarios de las instalaciones. Sin pronunciarse, viene defendiendo con uñas y dientes que todo siga como hasta ahora, como si esa fuera la decisión política más importante del gobierno en esta penosa legislatura de las catastróficas desdichas. Ha llegado hasta a votar contra su propia candidata a la Junta de Control de la tele –dos veces- para evitar que se pueda cuestionar desde dentro la bondad de un sistema que llena los bolsillos de algunos e infecta la relación entre medios y política. Pero Román no quiere hacer explícita esa elección, que supondría mantener la situación insostenible de los 300 trabajadores de la tele, colgados de la nada desde hace cuatro años. No quiere un debate público, aunque no lleve a ningún lado, porque tendría que desnudar su posición e identificar sus intereses.

Total, que Casimiro les dio calabazas y se negó a firmar. Y entonces llamaron al grupo gomero y le pidieron al asesor, Prasant, que firmara por él. Es una práctica establecida en todos los grupos parlamentarios, donde se usan firmas reproducidas digitalmente o garabatos para acelerar los trámites. Se trata de una irregularidad conocida y consentida, que responde a la dificultad de contar instantáneamente con las firmas de los portavoces, y esta asumida desde hace décadas en la cultura parlamentaria de las islas. Jamás se ha producido un escándalo por una firma suplantada, aunque algunas veces sí algún malentendido. A Prasant se le dijo que su jefe había aceptado firmar, y él estampó en el papel que le pasaron el mismo remedo de rúbrica de siempre, un garabato. Esta vez no fue un malentendido, fue un intento de evitar que se debata esta legislatura el mandato marco. El escrito entró el jueves en registro parlamentario, y ayer entró otro de Curbelo retractándose de lo del jueves. La diferencia es que esta vez Casimiro si suscribe lo que se firmó.

Si todavía hay quien cree que los millones de la tele no emponzoñan la vida política canaria, está ciego: en dos legislaturas, este es el intento número 13 de evitar que se rompa la dependencia de la tele de un mismo proveedor. Algún día habrá que contarlos todos.