Mandato marco
Francisco Pomares
Ayer quedó meridianamente clara la posición de los partidos del pacto de las flores en relación con la televisión canaria, hasta el extremo de que –como ha ocurrido en otras ocasiones cuando de la tele se trata- se rompió la unidad de voto entre los grupos que sostienen al Gobierno. Si no supiéramos desde hace años por qué ocurre eso, sería sorprendente que la tele se haya convertido en el asunto más conflictivo de la política canaria, el que más titulares y portadas ha ocupado y ocupa (en algunos medios), y en el que resulta imposible encontrar acuerdos consensuados. La cuestión de fondo para que todo lo que tiene que ver con la tele se emponzoñe y paralice es el vínculo que existe desde que se creó el Ente entre los recursos con los que se hace la tele –locales, estudios, cámaras, unidades móviles, micrófonos, focos, blocs para tomar notas- y las productoras que o son propiedad de medios de comunicación, o son propietarias de medios de comunicación, que ambos casos se dan. Cada vez que se ha intentado dar algún paso por romper con ese estado de cosas, la vida política canaria se ha crispado, con fugas de votos en los partidos, comportamientos mafiosos, destrucción programada de quienes defienden un modelo público, y operaciones de amedrentamiento a los que teóricamente mandan…
Para cambiar eso, se votó ayer una iniciativa de la portavoz del grupo mixto, la diputada Espino, para que el Parlamento, tras un retraso de años, cumpliera por fin con la ley y constituyera la ponencia parlamentaria que debe aprobar el mandato marco a la tele, o -en la práctica viene a ser lo mismo- decida de una vez si ha de ser gestionada como entidad pública o se va a continuar entregando a las productoras privadas el control (y los réditos) de su activad. Porque si la tele llega a ser pública, alguno va a dejar de embolsarse casi 60 millones, mucha pasta. Ese debate, que hasta ahora se ha saldado siempre a favor de las empresas que viven del presupuesto de la tele, ha provocado situaciones tan chuscas como la actual indefinición del estatus del personal, que nadie sabe si es público, es privado o está en el limbo mediopensionista. O que –tras haber pasado un cuarto de siglo desde su puesta en marcha-, la tele siga pagando alquiler por todo lo que usa. Hace unos días, Francisco Moreno, actual administrador único de la tele, desmintió en el Parlamento que eso fuera así, pero no aportó los datos para ese desmentido, algo que podría haber hecho sencillamente explicando qué locales tiene, qué estudios, qué cámaras, qué unidades móviles, qué micrófonos y focos… Moreno probablemente pueda demostrar que el Ente se ha gastado unas perritas en papel timbrado y bolígrafos con el logo, pero no es eso de lo que se trata. Se trata de reconducir lo que hoy es un negocio para que sea un servicio público.
Algo a lo que ayer se opusieron el PP y Nueva Canarias, que alegaron no estar de acuerdo con las conclusiones del informe encargado por el Parlamento a la Audiencia de Cuentas, en el que se asegura que la diferencia de costes entre un modelo privado y uno público es de apenas un uno por ciento del presupuesto. Que el PP –contrario por ideología a hacer crecer lo público- se oponga a que el mandato marco convierta en pública la tele tiene su pase. Que un partido que se autodefine como canarista-progresista se oponga a acabar con un sistema objetivamente distorsionador de la política en canarias, y prefiera lo privado a lo público, incluso a costa de volver a romper la unidad de voto del pacto de las flores, resulta tan chocante como que bloquearan la elección del organismo de control de la tele, incluso votando contra ellos mismos, para permitir a Moreno actuar sin ataduras. Al pobre Luis Campos le tocó ayer defender la posición contraria al mandato marco. Las cosas que hay que hacer por disciplina… En cualquier caso, es poco probable que en el año que queda de aquí a las elecciones se desatasque este enredo. Cuando la ponencia decida sobre el mandato, estaremos casi entrando en el último período de sesiones, y los partidos lo aparcarán como ya han hecho otras veces, alegando –también como otras veces- que es mejor que decida un Parlamento renovado. Pero al menos, esto va a servir para que los tres partidos que se definen como partidos de izquierdas en Canarias –el PSOE, Podemos y la Agrupación Socialista de Curbelo- se retraten sobre el modelo que quieren: la única incógnita real es el PSOE, que es el que más tiene arriesga si apuesta por lo público. Podría perder los apoyos mediáticos más entregados con los que hoy cuenta.
