La victoria del time-sharing

Por Francisco Pomares

Publicado en El Día

Pocos sistemas de gobierno municipal definen el viejo estilo de hacer política como el "time-sharing", ese formato en el que los partidos se reparten plazos de usufructo de la alcaldía como si fuera una canonjía. En ningún otro modelo resultan tan patentes y obvios los reflejos de una forma de hacer en la que el único objetivo es controlar el poder, en absoluto servir a los vecinos.

Lo que está ocurriendo en La Victoria, un pequeño municipio en el que la relaciones entre Coalición y el PSOE -casi empatados en las últimas elecciones municipales- nunca han sido buenas, es otra demostración del fracaso de los liderazgos partidarios y de su exigua capacidad de control sobre sus afiliados. No solo ocurre en el caso del PP, cuyo candidato en La Victoria, Tomás Correa, un tipo que no logró obtener más que dos concejales (contándose él mismo), se ha convertido de carambola en un alcalde incapaz de gobernar. También es un fracaso del PSOE canario: sus concejales en La Victoria se pasaron por el arco de triunfo las instrucciones recibidas desde Ferraz de no pactar con el PP bajo ningún concepto. Y lo mismo puede decirse de Coalición, aunque aquí la principal responsabilidad es del anterior alcalde, José Haroldo Martín, que -contra toda prudencia y sentido de la lealtad- negoció simultáneamente y a la zorruna a dos bandas: oficialmente con el PSOE, pero mientras lo entretenía con encuentros y negociaciones, cerraba un pacto por escrito con el PP que le salía más barato en términos de reparto de áreas de poder. Cuando los socialistas comprendieron que Martín tenía un acuerdo con el PP, le ofrecieron a Correa la alcaldía, reviviendo un formato ya ensayado entre 1991 y 1999, años en los que el PSOE y el PP gobernaron La Victoria conjuntamente.

Claro que entonces no existía la ley canaria de municipios ni su polémico artículo 28, que permite a los partidos actuar con más contundencia contra sus concejales rebeldes, tocándoles la cartera, que es lo único que parece preocupar a la mayoría de ellos. Personalmente, me parece discutible la constitucionalidad de algunos preceptos de la ley, pero eso de que se pueda dejar sin salario a los que se pasan las instrucciones de sus partidos por el arco de triunfo me parece un acto de justicia poética.

Aunque hecha la ley, hecha la trampa: en previsión de ser puestos definitivamente en la rue por sus partidos, Correa y sus socios -que ya se han fijado el sueldo máximo que permite la ley- han decidido además subir a 300 euros las dietas por asistencia a la Comisión de Gobierno, dietas que antes estaban en 30 eurillos. Si son expulsados definitivamente y pierden el derecho a cobrar salario municipal, se van a poner las botas convocando reuniones. Y dentro de dos años, le dan la vuelta al calcetín, que seguirá oliendo a lo mismo, solo que cambiando el nombre del alcalde. Y a los vecinos de La Victoria que les den.