La ‘casa Rusia’
Este país nuestro ha sido siempre una caja de sorpresas, y más lo esta siendo en esta legislatura psicópata y pendenciera. La decisión del Parlamento Europeo de investigar la participación de Rusia con el procés y el rol que jugó en esos contactos Puigdemont, con causa abierta en España por el caso Voloh, han provocado alarma en el bloque conservador y cierto excepticismo en la izquierda, a pesar del voto a favor de la investigación de los eurodiputados socialistas. Y es que a veces no se actúa igual en España que en Estrasburgo. El PSOE intenta siempre votar la posición mayoritaria del grupo socialista europeo, muy condicionada por un informe del Partido Demócrata estadounidense, basado en fuentes de inteligencia, que explica que con el avance de los movimientos secesionistas en Cataluña, Rusia quiso apostar por una Cataluña independiente, como base de operaciones en el continente que permitiera burlar el bloqueo y las sanciones de la Unión y los Estados Unidos por la guerra contra Ucrania.
El informe señala contactos de la cúpula de Junts con agentes del Kremlkin. Los hubo. El más conocido con el diplomático Nikolay Sadovnikov, al que Puigdemont visitó en su casa de Barcelona el 26 de octubre, horas antes de la declaración unilateral de independencia, y en el que se ofreció apoyo militar ruso a la secesión. En ese y otros encuentros posteriores participaron el militar Sergey Motin, la dirigente de Junts Elsa Artady y Jordi Sardà, implicado después en la estafa del petróleo ucraniano. Pero el encuentro más sospechoso se produjo en 2019 en Moscú, entre el jefe de Gabinete de Puigdemont, Josep Lluís Alay, y varios militares y responsables de los servicios secretos rusos, como Oleg Syromolotov, director de contrainteligencia del Servicio de Seguridad Federal (la antigua KGB) o Eugeni Primakov, diputado del partido de Putin. Alay también se reunió con los espías Andrei Bezrukov y su mujer, Yelena Vavilova, autores de ‘La mujer que sabe guardar secretos’, en la que narran sus diez años de trabajo encubierto en EEUU, una obra de ficción con elementos autobiográficos traducida al español y catalán por el propio Alay.
Y hay más encuentros y reuniones, contactos con decenas de personas, pero la infiltración rusa en Cataluña –como en el resto de España y en toda Europa- no se inicia por intereses políticos, sino en el contexto de la creación de una gigantesca trama criminal que es extiende por toda Europa, y cuyo sentido último era colocar dinero de las organizaciones criminales rusas –la mayoría de ellas muy vinculadas al poder, cuando no una manifestación criminal del establishment post soviético- en el turismo, la construcción y otros sectores demandantes de fuertes inversiones. La participación de las redes del putinismo, que mueven dinero ruso en inversiones en los litorales europeos, es un hecho comprobado también por la policía española ya desde mediados de los años noventa. En esas fechas operaban en España grupos mafiosos enviados por los clanes de San Petersburgo, la ciudad en la que Putin desarrolló su carrera como espía y político, en la que tuvo siempre una mayor influencia, y de la que proceden la mayoría de sus hombres de confianza. La red que operaba en Cataluña estaba dirigida por el capo mafioso Gennady Petrov, actualmente huido de la justicia española, que residía en Mallorca. Petrov era amigo personal de Anatoly Serdiukov, un colega de Putin en San Petersburgo, al que colocó en el Ministerio de los impuestos de Rusia primero, y más tarde hizo ministro de Defensa. Otro de los contactos claves de Petrov, también del grupo de San Petersburgo, fue Vladislav Reznik, que se convertiría en 2001 en vicepresidente de Rusia Unida –el partido de Putin- y uno de los hombres claves de su entorno. Reznick fue implicado por Interpol en 2008 por corrupción y blanqueo de dinero en España, por hechos relacionados con la expansión inmobiliaria en las costas del país, capaz de absorber cantidades ingentes de recursos ilegales, para blanquear dinero ruso. El manejo masivo de esos fondos contó desde el principio con elementos colaboradores vinculados a los partidos políticos españoles, que jugaron un papel destacado en la corrupción política y la concesión de licencias urbanísticas. Sin embargo, el Ministerio del Interior –al igual que ocurrió en otros países donde las autoridades locales hacían la vista gorda ante la llegada masiva de dinero ruso- se opuso a iniciar un proceso penal contra Reznick. En esa época, el contacto político clave de la red de Petrov era el diputado de Convergencia Xavier Crespo, alcalde de Lloret de Mar hasta el año 2015, cuando fue condenado por el TSJ de Cataluña a nueve años y medio de inhabilitación por aceptar sobornos y por prevaricación para favorecer a las empresas de Petrov.
Y así empezó todo. Con el tres por ciento: antes de la ‘Casa Rusia’, CiU se había puesto las botas facilitando licencias a la mafia rusa. Suele empezar así.
