La “C” de costa y de canariedad

Usoa Ibarra

¡Qué bonito creerse en el paraíso! Y más cuando los rayos de sol lo iluminan todo, y hacen que el cielo y el mar parezcan más azul, y que, en comparación con otras regiones, donde sacan el abrigo, el paraguas o directamente la excavadora para hacer transitables las calles en pleno mes de noviembre, nosotros estemos en bikini. En este bautismo solar permanente nos lleguemos a sentir de alguna manera privilegiados, porque además -sea dicho de paso por si se nos olvida- no pasamos hambre, ni guerras, ni necesidad de subirnos a una patera para buscar un presente más prometedor.

Sin embargo, siendo un espacio archipielágico -y además ultraperiférico- rodeado de mar no ha sido hasta hace poco que tendrá el control autonómico de sus costas. Esta capacidad de legislar lo que sería la piel para un cuerpo no sucederá hasta el 1 de enero del 2023.

Se preguntarán muchos de ustedes qué significa exactamente este cambio de batuta, y entre las cuestiones más relevantes está darle cobertura a las 100.000 personas afectadas por una amenaza de derribo sobre sus casas o negocios costeros.

El traspaso de competencias se puede calificar de histórico, porque ha sido un pulso permanente con gobiernos de diferente color político que han perpetuado un sistema centralista sobre una cuestión que todo canario o residente insular puede entender más suyo que de cualquier mesetario. Primero, por una cuestión vivencial y cultural -el que nace rodeado de mar tiene unos matices experienciales que afectan a su personalidad y a su percepción de la Naturaleza, muy diferentes al que se cría sin él- y después por una cuestión estratégica. ¿Cuántos proyectos no son técnicamente avalados por quienes tienen que conceder los permisos, porque no conocen la idiosincrasia, costumbres o necesidad local?

El pulso político para lograr esta competencia ha sido intenso y también compartido entre diferentes siglas (que sean sus artífices los que se pongan la medalla, porque esta columna no trata de vanagloriar lo que se entiende como una obligación de ejercicio público), pero es importante destacar que supone el control por parte del gobierno regional de las obras y actuaciones que se ejerzan sobre el dominio público.  Canarias tiene 1.500 kilómetros de costa, es decir,  un auténtico reto de gestión directa, especialmente urbanística, porque en cuestiones por ejemplo de vertidos se ha demostrado tercermundista en la gestión directa.

El acuerdo de delegación competencial (que se refiere a algunos aspectos y no al grueso de todo el control) se definió por sus firmantes como “no fácil” – se entiende que por las dudas que existen de que una comunidad autónoma pueda gestionar semejante volumen de trabajo técnico y legislativo- pero atendiendo al Estatuto canario era una obligación estatal. De no hacerse, se estaría vulnerando un derecho.

La costa es una joya para Canarias, y un modus vivendi que sólo puede entenderse en algunos aspectos legales desde la interpretación de las instituciones canarias. No es que sea la costa un potencial nacionalista, pero sí es una marca territorial con la que hacer bandera de una identidad de lo que se es y de lo que se pretende llegar a ser.

“La costa es una joya para Canarias, y un modus vivendi que sólo puede entenderse en algunos aspectos legales desde la interpretación de las instituciones canarias”