Inexplicable cerrazón
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decidió mojarse públicamente en el asunto de la emigración en Canarias. Lo hizo en una carta de respuesta a la petición de la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, que había solicitado la solidaridad de la Unión con Canarias y con España y propuesto a Bruselas un programa de reubicación urgente para menores no acompañados, bajo el Mecanismo de Solidaridad Voluntaria, con el apoyo de la Comisión y la Agencia Europea de Asilo. Von der Leyen contestó a la eurodiputada Monserrat que la Unión puede ayudar a España a reubicar menores en otros países, pero que para poder intervenir en un asunto interno español, es el Gobierno quien debe solicitarlo y no lo ha hecho.
La respuesta de von der Leyen recuerda mucho lo ocurrido con el despliegue del Frontex, otra de las peticiones recurrentes del PP en Europa. El pasado 4 de septiembre, el director general del organismo europeo de control fronterizo, manifestó su total impotencia ante la crisis migratoria en Canarias, durante una intervención ante el comité correspondiente del Parlamento Europeo. Después de su intervención, y ante la falta de cualquier respuesta del Gobierno español, la Eurocámara pidió a España que explicara por qué no ha recurrido a los más de 3.000 agentes de Frontex que podrían ser utilizados para hacer frente a la crisis en Canarias. Hants Leijtens, que es desde 2022 el que manda en la agencia de control de fronteras de Europa, aseguró disponer de conocimiento de primera mano sobre la situación dramática que se vive en las islas y fue muy explícito al enumerar los recursos que podrían desplegarse en el continente para frenar a las embarcaciones que parten del litoral occidental africano con destino a las islas. Se trata de un flujo procedente fundamentalmente de Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia, y que se lanza a la deriva sin garantías a atravesar la ruta migratoria más peligrosa del planeta. Leitjens fue muy contundente al señalar la dejación del Gobierno español: este año esa avalancha incesable se sitúa ya cerca de las 31.000 personas, pero podría detenerse si Pedro Sánchez lo pidiera, algo que inexplicablemente no ha hecho.
La declaración del militar neerlandes responsable del control de fronteras sorprendió y escandalizó a la eurocámara, cuando se produjo hace ya un mes. Pero el Gobierno español no se ha movido ni un ápice desde entonces de su posición, es más, extroficialmente responsabiliza a Frontx de “tenerla cogida con España”. En realidad, podría ocurrir justo al revés: el Gobierno español ha tenido serios encontronazos con Frontex, por considerar que se intenta reducir el control operativo de España sobre sus fronteras interiores. Es cierto que Frontex ha solicitado mayor información de inteligencia sobre las mafias del narcotráfico, y que al no obtenerla amenazó en 2021 y a principios de este mismo año –muy seriamente, por cierto- con abandonar nuestro país, tanto por la negativa española a facilitar información sobre investigaciones transfonterizas, como por la oposición española al despliegue del cuerpo armado de agentes europeos. Al final, tanto en 2021 como este mismo año, el asunto se pudo resolver en el último minuto, pero es obvio que la tensión entre Frontex y el Ministerio del Interior continua. Y hay quien interpreta que la respuesta de von der Leyens a la portavoz del Partido Popular, remitida el 25 de septiembre, asegurando que Europa puede ayudar, pero que es España quien tiene que pedirlo, suena a una nueva advertencia.
Lo realmente sorprendente de este asunto es la patibularia reacción del Gobierno Sánchez a la oferta de von der Leyen, hecha pública precisamente por el ministro canario del PSOE, Ángel Víctor Torres. Torres ha rechazado la ayuda reubicar a los menores, asegurando que “no tiene lógica que los acojan Alemania o Francia”.
Es algo incomprensible: el Gobierno de Sánchez rechaza la ayuda de Europa para facilitar la salida de los menores que desbordan los centros de acogida de Canarias, y su explicación es que tienen que ser las comunidades autónomas las que se hagan cargo de los menores, algo que el Gobierno de España sólo comenzó a aceptar tímidamente en los últimos meses. Torres aseguró ayer en una oportuna entrevista en Televisión española que pretender que los menores sean enviados a otros territorios de a la Unión Europea “es un gesto que no tiene lógica ni coherencia y es muy hipócrita”.
Lo que resulta hipócrita es seguir usando este asunto para confrontar políticamente con el PP. Torres ha sido presidente de Canarias y sabe muy bien que esto ya no se aguanta más, que cualquier ayuda debería ser aplaudida y bienvenida. Basta ya de hacer política con todo.
