Extraordinaria cooperación en la frontera
Dieciocho migrantes murieron ayer y un centenar resultaron heridos al intentar forzar la valla que protege las fronteras de Melilla, al parecer como resultado de la contundente respuesta de la gendarmería marroquí para evitar que los inmigrantes –la mayoría de origen sudanés- saltaran la valla. Alrededor de 120 emigrantes –de cerca de un millar que lo intentaron- lograron pasar la valla en la zona del Barrio Chino de Melilla, haciendo un enorme boquete con una cizalla. De la violencia desatada en el intento de salto da fe no sólo la muerte de esos dieciocho jóvenes migrantes –al parecer por aplastamiento o asfixia en la avalancha producida ante la intervención marroquí- sino también el hecho de que haya 140 policías marroquís heridos, cinco de ellos de gravedad.
Se trata del primer salto de la valla tras el cambio de la política exterior española en relación con el conflicto del Sahara, reconociendo de facto la soberanía marroquí sobre los territorios ocupados. El cambio de la política española sobre el Sáhara Occidental fue anunciado sorpresivamente por la casa real alauita el pasado mes de abril, y reconocido después por el Gobierno de Pedro Sánchez. El salto anterior de Melilla se produjo durante dos jornadas consecutivas a principios del pasado mes de marzo, con la entrada en territorio español de entre 470 el primer día y 350 el segundo. Aquél salto fue también extraordinariamente violento, con más de seis mil africanos apostados en el lado marroquí de la valla en la zona del Gurugú, que acabaron enfrentándose a la Guardia Civil y a la Policía española con palos, garfios y piedras que llevaban en mochilas. Muchos agentes tuvieron que ser atendidos de cortes y heridas.
La administración interpretó que el salto suponía una amenaza o advertencia de Marruecos en plena crisis diplomática entre ambos países. Sin embargo, apenas dos semanas más tarde, Sánchez rompía unilateralmente con casi medio siglo de compromiso español con el referéndum en el Sáhara Occidental y respaldaba la propuesta soberanista marroquí de autonomía para la excolonia. Si creemos la narrativa del Gobierno de Sánchez sobre sus motivos para un acercamiento a las posiciones marroquís, fue muy probablemente el cansancio ante la reiteración de estos asaltos y la incapacidad de frenarlos lo que precipitó el cambio de la posición histórica española. La explicación ofrecida por el Gobierno Sánchez en los primeros días, tras hacerse público en acuerdo con Rabat, insistía en el compromiso del Gobierno marroquí de evitar en el futuro asaltos de emigrantes a Ceuta y Melilla. Ayer mismo, el propio Pedro Sánchez, en unas declaraciones tras la reunión en Bruselas del Consejo Europeo, en las que Sánchez no hizo la más mínima mención a los jóvenes muertos como consecuencia de las cargas de la Gendarmerie, el presidente del Gobierno se refirió de la “extraordinaria cooperación” entre Marruecos y España para impedir el trabajo de “las mafias que trafican con personas”. Como una de las medidas de esa “extraordinaria cooperación”, Marruecos declaraba ayer que aceptará cualquier devolución de inmigrantes que se produzca en los próximos días por parte de las autoridades españolas.
Ha llovido lo suyo desde que el PSOE denunciara en el Congreso las devoluciones en caliente del Gobierno Rajoy o la inexistencia de “un uso proporcional de la fuerza”, sino “directamente violencia” en las actuaciones de la Guardia Civil para frenar la entrada de emigrantes que saltaban la valla en Melilla. Hoy el papel de crítica a las actuaciones policiales lo asumen otros partidos que sostienen a este Gobierno. La eurodiputada Sira Rego, de IU, preguntó ayer en el Parlamento Europeo si la Unión abrirá una investigación sobre lo ocurrido en Melilla, exigiendo responsabilidades ante las muertes y pidiendo que Europa acabe con la violencia en sus fronteras. La pregunta de la parlamentaria va más allá: de hecho, lo que pretende es cuestionar si resulta compatible el acuerdo suscrito por Sánchez con Marruecos con garantizar el cumplimiento de los derechos –el de asilo, por ejemplo- contemplados en las leyes comunitarias.
¿La respuesta? Es absurdo contratar a Marruecos para que se ocupe de hacer lo que España no quiere hacer –y pagarle con la entrega del Sahara-, y esperar que no haya muertos.
La realpolitik se impone: ahora lo que toca es hablar del éxito de la cooperación con Marruecos en materia de fronteras y olvidarse de los jóvenes muertos que va a costar esa cooperación.
