El reparto injusto del maná
Francisco Pomares
El maná de Europa (y con él otros de mejor enjundia) llovió el año pasado sobre 3.245 empresas y entidades subvencionadas por el Gobierno, los Cabildos y los Ayuntamientos de las islas, que repartieron en ‘grandes subvenciones’ 1.327 millones de euros. El impacto de la crisis obligó a disparar las ‘grandes subvenciones’ (las que superan los 60.000 euros), que pasaron de ser menos de 500 el año anterior a la pandemia a ser 3.245 en 2021. Las cantidades repartidas también se dispararon: las empresas que fueron bendecidas por una subvención superior a 60.000 euros recibieron en total casi 1.330 millones de euros, frente a los menos de 175 recibidos en 2019. Se repartió ocho veces más dinero en ‘grandes subvenciones’ en 2021 que dos años antes.
Nada que objetar, en principio: la situación de cierre general creada por la pandemia obligó a multitud de empresas a interrumpir su actividad, y las Administraciones, con la ayuda de los recursos de Europa, establecieron dos tipos de políticas para evitar la hecatombe empresarial. Por un lado, una política destinada a salvar los puestos de trabajo –los ERTEs por Covid, a los que se afiliaron la práctica totalidad de las empresas del país- y por otro lado, el reparto masivo de subvenciones, tirando de los fondos de emergencia europeos. Ambas políticas han servido para evitar situaciones de cierre masivo de empresas, y para empujar el reinicio de la actividad económica, tras la ‘normalidad’ decretada. Gracias a los ERTEs, los trabajadores no han perdido su puesto de trabajo, y gracias a las ayudas en formato de subvención, las empresas y autónomos han podido volver a la actividad, enjugando parte de sus pérdidas.
Pero es cierto que con las subvenciones ha ocurrido algo curioso, que se conoce ahora como resultado del estudio realizado por el Comisionado de la Transparencia en Canarias: resulta que mientras las ‘grandes subvenciones’ se multiplicaron casi por ocho para hacer frente a la pandemia, pero con las subvenciones inferiores a los 60.000 euros -las que tenían que cubrir las necesidades de los autónomos y pequeños empresarios-, no ocurrió en absoluto lo mismo: las grandes empresas que recibieron subvenciones se multiplicaron por seis, mientras las pequeñas lo hacían por menos de tres. Y los recursos destinados a cubrir el aumento de las grandes se multiplicó por ocho mientras para las pequeñas sólo por tres.
Eso conduce inevitablemente a una lectura sorprendente: en una región donde el 90 por ciento de las empresas son medianas o pequeñas o profesionales autónomos, se ha dedicado muchísimo más dinero a favorecer a las empresas grandes que al resto, y además las más favorecidas han sido precisamente las más grandes -hoteleras, transportes, alquiler de automóviles- con subvenciones de hasta varios millones de euros.
¿Por qué ha ocurrido algo que a simple vista parece injusto? Hay varios motivos, y muchos tienen que ver con la mayor capacidad de las grandes estructuras empresariales para rebañar recursos públicos. Otro, el más evidente y obvio de los motivos, es que las grandes empresas paradas, tienen grandes pérdidas. Pero las grandes empresas también recibieron la ayuda masiva de los ERTEs por Covid… sin empleados de los que hacerse cargo, las pérdidas se vinculan al gasto general de explotación (excepto salarios) y –sobre todo- a las amortizaciones. Estas últimas son pérdidas que no afectan al valor patrimonial ni a la liquidez financiera. Al contrario, las amortizaciones mejoran el cash flow, el dinero disponible. Y a pesar de ello, las grandes empresas se han repartido una parte mayor del maná: 1.327 millones para las 3.245 empresas receptoras de más de 60.000 euros frente a 1.075 millones para 23.534 pequeñas empresas. En términos de media: 409.000 euros repartidos por empresa grande, frente a 45.500 euros de media para las empresas pequeñas.
Y aún queda por repartirse la morterada gansa de los Proyectos Estratégicos –los PERTEs-, un dinero que las empresas pequeñas no van siquiera a oler…
