El goteo
Francisco Pomares
Coincidiendo con el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, el Gobierno decidió colocar a Francisco Sánchez Román en la intervención delegada del Servicio Canario de Salud, que había quedado vacante. Sánchez, un interventor de carrera con años de trabajo en la administración, ocupó ese puesto desde entonces hasta bien entrado 2023. Ayer compareció ante la Comisión de Investigación parlamentaria que investiga irregularidades y trapisondas varias en las contrataciones realizadas durante la pandemia, y dejó algunas revelaciones de interés, de esas que se pierden como lagrimas bajo la lluvia, en la torrencial tormenta informativa de estos días.
Sánchez explicó sin el menor atisbo de duda que el Gobierno tenía que haber resuelto el contrato suscrito con la empresa de venta de automóviles RR7, cuando esta empresa incumplió con su compromiso de suministro de mascarillas. Cuando la empresa incumplió, el Gobierno no solo no resolvió el contrato, sino que –inexplicablemente- optó por adelantar dos millones de euros más a la empresa que protagonizó el primer ‘caso Mascarillas’, dándole así la oportunidad de completar el total de los cuatro kilos que eran el pago estipulado por un millón de mascarillas que jamás llegaron a los almacenes del Gobierno, y cuyo destino final se desconoce. Porque a pesar de lo que nos dijo en su día Nira Fierro, ni se recuperó el dinero, ni hay registro alguno de que esas primeras mascarillas fraudulentas que se intentó colocar al Servicio Canario de Salud, fueran realmente destruidas. En realidad, no hay registro ni de eso ni de nada.
La situación de aquellos días, que algunos de los responsables de este cuidadoso desmadre consideran fue enfrentada con entrega, dedicación y heroísmo por los partidos del Pacto floral, se caracteriza por dos constantes. La primera es la absoluta ausencia de registros sobre las decisiones adoptadas, la falta –probablemente interesada- de cualquier control interno de los procedimientos de licitación, o de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los contratos de aprovisionamiento. La segunda es el sometimiento de la cadena de compras a instrucciones emanadas de un Comité de Emergencia sin actas, ni portavoz conocido, que logró vender a la administración la falsa idea de que podía comprarse cualquier cosa decidida a dedo por el propio comité.
Y así se hizo. Canarias gastó el primer año de pandemia cien millones de euros en compras, aprovisionamientos y servicios, en los que prácticamente la mitad del gasto se decidió sin que nadie respondiera de la aprobación de las adjudicaciones, y se contrató sin respetar la legalidad –ya bastante laxa para los parámetros públicos- establecida para la emergencia. Lo que define esas compras que hicieron el agosto de los Raycos, los Koldo y los Lucas Bravo, es que se realizaron por indicación directa del Comité de Emergencias presidido por el presidente del Gobierno, y además -una parte muy considerable- se contrataron a empresas que nunca habían vendido material al Servicio Canario de Salud.
Dicho con menos rodeos: millones de euros de dinero público fueron a parar, sin control legal alguno, a manos de empresas señaladas o elegidas a dedo por el poder político del momento, a las que –en algunos casos- se pagó muy por encima del precio razonable en aquellos momentos [un caso: mientras los hospitales compraron batas a cuatro euros por unidad, el Servicio Canario de Salud pagaba por ellas catorce euros], empresas como la del primer ‘caso Mascarillas’, por ejemplo, a las que se adelantó un dinero del que nunca ha vuelto a saberse nada.
De resultas de lo declarado ayer en la Comisión de Investigación, sabemos que la intervención delegada del Servicio Canario de Salud, denunció desde el primer momento las irregularidades de la licitación recibiendo del Gobierno la instrucción irrevocable de que el criterio utilizado era el correcto en tiempos de pandemia. Cuando la pelota se agigantó, y la Audiencia de Cuentas detectó las irregularidades, los auditores designados por el PSOE y Nueva Canarias bloquearon la aprobación del informe de la Audiencia, aprobado finalmente hace unos días. ¿Cuáles son las empresas señaladas en ese informe? No son las que tradicionalmente habían proporcionado material al Servicio Canario de Salud, las empresas acreditadas por años de relación con la administración. Son la del pibe de Arucas que vendía coches usados y cobró cuatro kilos sin haber entregado nada, o las que le recomendó a Torres Koldo García, las empresas del corruptor Aldama, las que pagaron comisiones y canonjías al ejemplar Koldo, al leal Ábalos, las empresas del “no le pongo cara” Tapia y otras más que ya se irá sabiendo (o no).
Blanco, líquido y en botella… Puede ser horchata, o leche de almendras. Pero casi siempre suele ser leche.
