Cruzar todos los límites
Francisco Pomares
Las cosas que están pasando en este país comienzan a resultar tan peligrosas como surrealistas. Hace dos días, el Gobierno español, a través de la portavoz del Consejo de Ministros, aseguró –como debe hacer cualquier Gobierno constitucional- que la sentencias de los tribunales deben cumplirse. Siempre. La ministra Isabel Rodríguez se manifestaba así en respuesta a la abracadabrante decisión de la Generalitat catalana de pasarse por el refajo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que ordenaba no aplicar la desaparición del español como lengua curricular en las escuelas, y obligaba a impartir un mínimo de un 25 por ciento de la enseñanza en castellano, a partir del 1 de julio.
Es cierto que la portavoz no se pronunció sobre el hecho de que el acuerdo político en el que se basa la decisión del Gobierno catalán para no cumplir esa sentencia, había sido asombrosamente suscrito por el Partido Socialista de Cataluña, es de suponer que después de consultar con Ferraz. Varios días después de aprobar el acuerdo, el PSC retiró confusamente el apoyo al compromiso, en uno de esos episodios abochornantes que definen los vaivenes de la política de sometimiento y cobardía de la izquierda española ante el separatismo. Suscribieron el acuerdo para evitar que el Gobierno de Sánchez sufra las consecuencias de su minoría parlamentaria, y se retiraron después, ante la carajera organizada en plena campaña andaluza. Pero el acuerdo suscrito por los independentistas y el PSC permitió a los responsables de Educación en Cataluña emitir una orden que endosa la decisión sobre el uso del castellano a los propios centros escolares, una orden completamente ilegal. Un nuevo desafuero del desgobierno actual.
Pero al menos, el Ejecutivo de la nación insistía anteayer en que las sentencias deben cumplirse, el mínimo que puede esperarse de una sociedad civilizada, que cree que la separación de poderes es la base del funcionamiento de cualquier democracia.
El pasmo de hoy –otro más- se produce tras la decisión de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de desobedecer al Tribunal Supremo, promoviendo de nuevo a su colega Eduardo Esteban como fiscal de Sala coordinador de Menores, pese a que tal nombramiento fue anulado por dos sentencias del Supremo, que apercibieron a la fiscal por favorecer a un miembro de la Unión Progresista de Fiscales, a la que la fiscal jefe pertenecía, obviando la “abismal diferencia” de méritos del otro aspirante al cargo. El nombramiento de su candidato fue propuesto de nuevo por la Fiscal, desatendiendo olímpicamente las instrucciones de las dos sentencias del Supremo, y fue aprobado por el Consejo de Ministros del martes, provocando otro nuevo escándalo de la más política de nuestras Fiscales Generales, que ya ha desencadenado una airada reacción de la mayoritaria Asociación de Fiscales, y el anuncio de esta asociación y del candidato ninguneado -el fiscal José Miguel de la Rosa-, de volver a recurrir la decisión de la Fiscalía del Estado.
En el escrito de motivación del nombramiento, Delgado desafía abiertamente al Supremo, afirmando que “la discrecionalidad en el ejercicio de sus facultades” es una de más relevantes potestades como fiscal, precisamente el argumento que ya fue desmontado previamente por los magistrados del Supremo, que aseguraron que la discrecionalidad solo puede producirse en igualdad de condiciones curriculares, es decir, cuando existen méritos y capacidades similares entre dos aspirantes a un puesto. Delgado va un paso más allá, al atribuirse incluso la capacidad de interpretar las sentencias del Supremo, asegurando que estas “deben ser aplicadas e interpretadas dentro del marco constitucional, legal y estatutario para no alcanzar resultados o llegar a postulados no deseados para el futuro de la institución”. Asombroso: el mismo día que el Consejo de Ministros suscribía las argumentaciones de Delgado, la portavoz del Gobierno aseguraba que “las sentencias deben cumplirse”. Se le olvidó añadir que deben cumplirse sólo cuando nos gusten.
A mi entender, lo que ha hecho Delgado es prevaricar. Y lo que ha hecho el Gobierno al amparar su prevaricación es mandar a todo el mundo un mensaje incompatible con el Estado de Derecho. El mensaje de que si cuentas con el BOE, puedes pasarte leyes y sentencias por el arco de triunfo.
Asusta. Asusta mucho
