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Código Ético


Por Francisco Pomares

 

 

La dimisión de Manuel Fumero como secretario general del PSOE tinerfeño suena a puro y duro portazo. Su declaración como no idóneo para ser candidato al Parlamento de Canarias, por estar imputado en un procedimiento judicial de menor enjundia, ha precipitado una salida de la dirección del PSOE tinerfeño que no sólo obedece al feo de los órganos federales declarándole no idóneo, sino también a las dificultades del propio Fumero para controlar su partido en Tenerife y cerrar de una vez la lista al Cabildo insular. Una lista, hay que decirlo de paso, que esta encabezada también por otro imputado –Aurelio Abreu- éste no declarado (aún) como no idóneo, porque no se ha dictado apertura de juicio oral.

 

Y es que el Código Ético elaborado por los socialistas se está demostrando como un sistema poco práctico y bastante injusto. Primero, por el establecimiento de esa ‘línea roja’ que es la apertura de juicio oral: ¿En que cambia la situación de un imputado por abrirse juicio? En nada. Lo que cambia es la proyección pública del imputado, que habrá de sentarse en el banquillo y saldrá en los telediarios. Dicho de otra manera: al PSOE lo que le preocupa no es tener posibles delincuentes en sus candidaturas, sino que se les vea. El Código Ético, en se sentido es más un manual de imagen que otra cosa. Pero es que, además, tratar con el mismo criterio a todos los imputados, lo sean por haberse puesto las botas robando, por haberse saltado un semáforo o por haber cometido una irregularidad administrativa (en ocasiones avalada por los propios servicios jurídicos municipales) es no sólo un disparate, sino –sobre todo- una renuncia a la responsabilidad política que corresponde a los partidos. Nadie mejor que los propios partidos saben si sus dirigentes y candidatos responden al perfil de golfo apandador o al de servidor público que puede haber cometido errores. La responsabilidad de apostar por un candidato con problemas judiciales, pero de probada honradez, debiera ser del propio partido y de sus organismos de selección y arbitraje, que para eso están, no de una norma rígida, que considera iguales casos diferentes.

 

La verdadera clave de esta historia de deicidios calculados es que en el PSOE (como en el PP y en Coalición) no hay ya cama para tanta gente. En una situación distinta a la actual, con suficientes camas para que se acuesten en ellas todos los que aspiran a un cargo público, el PSOE habría revisado ya un sistema que no se sostiene y que –persiguiendo la ejemplaridad- provoca situaciones verdaderamente surrealistas e injustas. Porque hoy el Código Ético del PSOE es también un mecanismo interno para el combate político y el asesinato selectivo de los competidores que aspiran a plaza. Un arma, en fin, para los conflictos internos, en un partido asustado ante una probable debacle electoral, y que tiende a perder sus tradicionales mecanismos de solidaridad militante.

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