PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Cinismo y disculpas

Francisco Pomares

 

Sin duda, el Gobierno se la metió doblada al PP, y de paso también a Vox, y me atrevo a decir que también a los propios diputados socialistas, con este asunto de la reforma legal urgente tramitada hace tres semanas, camuflada en una enmienda presentada por Sumar, que permitirá al adelanto de la salida de prisión de algunos de los terroristas más sanguinarios de ETA. Estas Navidades, el preso Txapote se comerá el turrón en casa, gracias a esa reforma introducida por el Gobierno, y Sánchez hará lo propio en Moncloa gracias al apoyo parlamentario de los de Otegui y sus colegas. Aunque hasta podría ser que ambas cosas no tuvieran nada que ver.

 

Pedro Sánchez negó ayer que se vaya a rebajar condenas a los presos etarras, en una de esas cínicas afirmaciones suyas que se ajustan levemente a la verdad publicable, pero resultan ser mentira: hasta 44 delincuentes se verán favorecidos –algunos con espectaculares rebajas de pena, como el asesino de Miguel Ángel Blanco- gracias a la aprobación más o menos subrepticia de una enmienda de última hora presentada por Sumar a la ley sobre consideración de resoluciones penales en la Unión Europea. Sánchez acusó al PP de cambiar de posición denunciando ahora algo que votaron en septiembre, en una sorprendente unanimidad parlamentaria, y bromeó luego recordando al país que el PP y Vox votaron la enmienda, sin saber siquiera lo que votaban. Claro que no es posible que el PP sea culpable de ambas cosas: o sabían lo que votaban (que no) o no sabían lo que votaban (que sí). Hay muchas formas de hacer el ridículo y desprestigiar el oficio de parlamentario, y tanto al PP como a Vox les faltaba apurar este último y amargo cáliz, demostración palmaria de que los diputados no saben ni lo que votan: hacen lo que se les pide que hagan, aprietan el botón que se les marca y a cambio reciben cien mil pavos en cuenta corriente al año. Y punto pelota.

 

Pero en disculpa de esta impresentable tropa de la derecha habría que decir que fueron engañados como chinos de los de antes: en marzo de 2022, en la Comisión de Justicia, el Gobierno fue categórico al calificar como ‘desinformación’ que se fuera a producir algún beneficio penal a los presos de ETA, con la modificación de la ley que se iba a modificar para adaptarla a la Directiva europea 2019/884. Llovía sobre mojado, porque de rebajar penas, nada de nada, según había dicho el ministro Marlaska el mes antes. Y los tontos del PP y de Vox se relajaron y creyeron que el PSOE cumpliría su compromiso. Quizá nadie podía pensar entonces que el PSOE permitiría cosas como que fuera Bildu quien impusiera en la reforma de la Ley Mordaza la eliminación del uso de pelotas de goma por la Policía, o la rebaja de las multas por desobediencia o por falta de respeto a la autoridad. Quizá nadie podía pensar entonces que Sánchez entregaría Pamplona a Bildu a cambio de garantizar su apoyo al Gobierno.  Pero es que los tiempos cambian: un partido que pretende gobernar España no puede dejar que se la cuelen así.

 

Por eso Feijóo dedicó parte de su intervención ayer en el Congreso a pedir disculpas al respetable por la monumental pifia. Una pifia irreparable, porque Moncloa no tiene la más mínima intención de retirar la norma. Las asociaciones de víctimas del terrorismo pueden desgañitarse exigiendo al Gobierno cumplir lo que dijo que haría, o la oposición montar un auto de fe con exorcismo incluido. No se va a retirar la norma. Medio centenar de asesinos convictos de ETA saldrán a la calle. Y el PSOE seguirá sosteniendo –y es verdad- que la ley fue apoyada unánimemente por el Congreso.

 

Lo que no se reconoce es el torticero secretismo con el que el PSOE, Sumar y Bildu han tramitado el cambio normativo. Si se hacía necesario adaptar la norma española a la europea, y la consecuencia inevitable de esa adaptación era asumir la rebaja de penas a ETA, el Gobierno debería haber tratado esta reforma como un asunto de entidad, explicar y hacer valer su posición, defenderlo con claridad ante el Congreso y ante la sociedad española. Para el Gobierno de Sánchez y la izquierda que lo sostiene, el terrorismo es un asunto felizmente superado desde hace más de diez años, y quizá piensen que ha llegado el momento de debatir una reducción de las condenas.

 

Yo no comparto esa idea, pero creo que es legítimo defenderla con luz y taquígrafos. Lo que no es legítimo es esconder las decisiones del Gobierno, ocultar los pactos y acuerdos secretos que sostienen al Gobierno, y mentir a la opinión pública sobre lo que se va o no se va a hacer. Frente al cinismo y la mentira, prefiero el reconocimiento de la propia estupidez que ha asumido a regañadientes el PP. Ojalá les sirva de escarmiento y aprendan a estar más pendientes de lo que se traen entre manos.

Comentarios (0)