Casi mil niños más
Francisco Pomares
Candelaria Delgado, consejera regional de Bienestar Social, reclamó ayer corresponsabilidad al Gobierno Sánchez y a las comunidades autónomas –gobernadas mayoritariamente por el PP- para que asuman la acogida de menores migrantes. Delgado reveló que en la actualidad, los menores no acompañados a cargo de esta región son unos 2.700, lo que supone más del doble de los que había en Canarias tras la crisis migratoria del 2006, cuando las islas recibieron más de 30.000 inmigrantes en menos de un año. Parece evidente que no es razonable ni soportable que Canarias se haga cargo de forma constante de más niños migrantes en situación de desamparo que regiones con el triple de población como Cataluña o Andalucía. No se trata solo de una situación insostenible desde el punto de vista de la justicia y la solidaridad territorial, es que provoca situaciones de desatención, hacinamiento y maltrato efectivo de los niños tutelados.
El Gobierno de Canarias viene recurriendo desde hace años a oenegés de falsa bandera –en muchos casos entidades poco solventes en la tutela efectiva de los menores-, especializadas en ganar licitaciones públicas para hacerse con cuantos más contratos mejor, pero incapaces de ofrecer una atención decente. Las noticias de estos últimos años, durante la etapa de mandato de la actual diputada Noemí Santana, revelaron situaciones inadmisibles en algunos centros, con chicas y chicos que se prostituían, consumo recurrente de drogas y violencia generalizada, además de algunos episodios de insalubridad de las instalaciones, e incluso de una oferta alimentaria deficiente. No se trata de exculpar la deficiente gestión de Santana, denunciada reiteradamente por la Diputación del Común de Canarias, pero si de alertar de la dificultad que supone para la administración garantizar unos mínimos de seguridad y tutela efectiva de estos niños y jóvenes, si cada mes se amontonan más y más en las pocas instalaciones de que se dispone.
Durante el mandato del Gobierno anterior, protestar por el rechazo de la administración del Estado a intervenir para paliar la situación, era un asunto tabú. Es difícil olvidar el silencio del Gobierno regional cuando desde una secretaría de Estado se tomó a guasa la dificultad que significa atender a miles de menores, de identificarlos y determinar su edad. En los últimos tres años solo se han trasladado desde las islas a otras regiones españolas menos de 350 menores extranjeros no acompañados, incumpliendo de forma reiterada los acuerdos alcanzados entre Canarias y el Estado.
Además, en las islas más del ochenta por ciento de los menores son supuestos, dado que la mayoría carece de documentación y no se les ha podido realizar las pruebas de determinación de la edad, que suponen un lento y costoso procedimiento, con radiografías e informes forenses. Ese procedimiento no debería aplicarse a menores que están de forma evidente lejos de la mayoría de edad, pero un informe de Unicef señalaba en 2021 que se realiza de forma generalizada y sin discriminación, lo que ralentiza la intervención en los casos realmente dudosos. Y sin la determinación de edad, que decreta la fiscalía, los menores se encuentran en el limbo. Un altísimo porcentaje de ellos no están ni siquiera matriculados en el curso escolar que debiera corresponderles, muchas veces porque no hay plazas para atenderlos, y para los que están matriculados, ir o no al colegio depende del interés del centro de acogida en gestionar la asistencia. La situación de la mayoría de los menores es –desde hace años- una vergüenza de la que no se habla demasiado. Y
La consejera Delgado fue ayer bastante guerrillera al asegurar que si el Gobierno España no hace caso a la petición reiterada de las islas para asumir el reparto de los menores a otras regiones del país “nos dirigiremos a Europa”. Reiteraba la idea que Fernando Clavijo viene planteando desde la visita de la presidenta Von der Leyen a Lampedusa, sobre la necesidad de que Europa de el mismo trato a Canarias que está dispuesta a ofrecer a la isla italiana, y que el Gobierno de Sánchez fuerce el cumplimiento del acuerdo de reparto de los menores entre regiones, aprobando una norma que lo haga obligatorio.
Canarias no puede atender 2.700 niños mientras las regiones más grandes, pobladas y dotadas presupuestariamente, se desentienden de todo compromiso.
