Alguien miente
Francisco Pomares
El Gobierno de Sánchez ha negado categóricamente la existencia de un principio de acuerdo con Coalición Canaria y el Partido Popular para reformar la Ley de Extranjería y permitir el reparto de menores migrantes, tras las reuniones y conversaciones telefónicas entre el PSOE, Coalición y el PP el pasado mes de agosto. El portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, había desvelado previamente la existencia de esos encuentros, asegurando que en ellos se acordaron las condiciones para el reparto de los menores entre las distintas regiones. Según Tellado, el principio de acuerdo se habría producido en una reunión que mantuvo el pasado 12 de agosto con el ministro Torres, y el presidente Clavijo, en la que se acordaron los criterios para sellar la paz, entre ellos que la atención normalizada de los centros de menores corresponde a las Autonomías, y que se ejercerá por estas cuando los centros no superen en más del 50 por ciento su capacidad. Si eso ocurre, el Gobierno de la nación procederá a hacerse cargo de los menores de forma directa, en centros propios y con recursos propios.
Se trata de un cambio sustancial de criterio, que desvela las dificultades del Gobierno de España para imponer legalmente la ‘solidaridad obligatoria’ a las regiones. La asunción directa de responsabilidades por parte del Gobierno de la nación supone un paradigma novedoso sobre lo que hemos escuchado estos meses en relación con el tratamiento del problema. Pero curiosamente, es el mismo cambio de criterio que hemos visto en los argumentos que el lunes utilizó el Gobierno de Canarias para anunciar su intención de denunciar ante los tribunales al Gobierno de Pedro Sánchez, por dejación de sus funciones en materia de atención a los menores emigrantes. Porque (de pronto todo el mundo parece haber caído en ello) de acuerdo con el Reglamento de Extranjería de 1996, actualmente en vigor, las regiones tienen la obligación de atender a los menores sin tutela y en situación de desamparo, pero los menores que el Estado endosa a las Comunidades Autónomas no están en situación de ausencia de tutela y desamparo. Son los menores recogidos por el Gobierno de la nación, clasificados como menores por su Policía, y que están bajo la tutela y amparo de la Administración central del Estado. No son menores maltratados por sus padres, sin nadie que los tutele y ampare. Son menores inmigrantes –algunos de ellos rescatados en alta mar- que el Estado traspasa a las autoridades canarias, después de determinar que son menores.
La Administración central lleva años haciéndose cargo de la situación de decenas de miles de emigrantes mayores de edad, cambiando de criterio sobre cómo proceder cada vez que cambian los gobiernos -¿alguien se acuerda del Aquarius?-, pero lavándose las manos en relación con los menores, después de haber decidido que lo son. Desde que se aproó el Reglamento de Extranjería, que desarrolla la Ley de 1985, el Estado ha optado por desentenderse del problema, no financiando el coste que suponen los pibes. La asignación de competencia fue establecida cuando el problema de los menores inmigrantes no acompañados no había ni de lejos alcanzado la envergadura que tiene hoy. Y resultaba lo más lógico: los enfermos se atienden en los hospitales de las regiones donde enferman, y los niños estudian en los colegios de las ciudades donde viven. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años con la emigración irregular africana, la que llega por vía marítima, representa una situación extraordinaria, ante la que el Estado ha reaccionado ampliando sus propios recursos de forma extraordinaria, pero desentendiéndose de los menores.
Desde las conversaciones de este verano que Tellado desveló ayer, ni el PP ni Coalición Canaria han tenido respuesta alguna por parte del Gobierno, y Torres no ha contestado a las llamadas con propuestas o soluciones. El lunes, tras un chusco incidente en El Hierro, donde la Fiscalía y la Policía intentaron obligar a una ONG a aceptar niños muy por encima de la capacidad de su centro de acogida, el Gobierno de Canarias rompió su tradicional prudencia y exigió una solución al Estado. Y las cosas se han precipitado: Feijóo consideró ayer sensato que Canarias no acoja más niños inmigrantes, el PNV recordó que el Estado hace dejación de competencias, Tellado cantó La Traviata, y portavoces de Torres acabaron por reconocer que las reuniones se produjeron, aunque negaron cualquier principio de acuerdo.
En Canarias, el cabreo es enorme: Clavijo aseguró que no se desatenderán niños, pero que no hay forma de ofrecerles la atención que requieren, y la custodia es del Estado. Y dijo también que en su partido se debate sobre el apoyo futuro a Sánchez. La diputada Valido fue un paso más allá: recordó bellacamente que su voto es determinante en la Comisión de Investigación del ‘Caso Koldo’. Se trata de una maldad: lo hace para meter prisa al ministro. A ver si así dice la verdad.
