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La Guardia Civil denuncia a 10 personas por acampar y hacer fiestas nocturnas en la playa del Risco

Se enfrentan a sanciones que pueden ir de 300 a 300.000 euros 

 

Lancelot Digital

 

La Guardia Civil ha denunciado a 10  personas por varias infracciones a la Ley de Costas en el Parque natural del Archipiélago Chinijo, concretamente en la playa bajo el Risco de Famara. 

 

Según expone la Benemérita en un comunicado, la investigación se inició a raíz de varias informaciones de ciudadanos sobre una serie de casetas ilegales en este espacio protegido, donde presuntamente varias grupos de personas realizaban diferentes actividades de marisqueo ilegal, acampada y fiesta nocturnas (realizando fuegos también). Así, se inició un servicio conjunto entre varias unidades para comprobar los hechos e identificar a los usuarios de las citadas estructuras, procediendo a desplazarse a la zona en diferentes días (8 de septiembre y 16 de octubre) y denunciar a 10 personas por diferentes infracciones a la Ley de Costas.

 

En la mayoría de las ocasiones, "esta personas se desplazaban a la zona con diversos grupos electrógenos, con los que proporcionaban electricidad a diferentes equipos de música, utilizados para la realización de fiestas nocturnas, pernoctando en el lugar y abandonando casi siempre los residuos generados en el mismo sitio; actividades que generan un importante menoscabo a una zona considerada de especial protección para las aves, especialmente la pardela cenicienta", afirman desde la Guardia Civil.

 

En total, la Guardia Civil realizó 14 denuncias administrativas por diferentes infracciones a la mencionada Ley de Costas, por la ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, la acampada u ocupación del dominio público marítimo-terrestre y los vertidos de residuos en esa zona.


Sanciones de hasta 300.000 euros

 

Dichas denuncias, las cuales son tramitadas por la Dirección General de Costas, pueden conllevar sanciones económicas comprendidas entre los 300 y los 300.000 euros, dependiendo de varios factores como el daño ocasionado al medio natural.

 

Paralelamente, la Guardia Civil ha remitido las actuaciones la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN), órgano encargado en Canarias de la disciplina urbanística y ambiental, con el objeto de proteger el medio ambiente, para que valore el posible derribo de esas estructuras

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