Intervenidas en Lanzarote dos anclas de valor arqueológico que se vendían por Internet

Un vigilante del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo detectó su venta y avisó a la Guardia Civil

Lancelot Digital

El Destacamento de Protección de la Naturaleza de Timanfaya de la Guardia Civil (DEPRONA), junto con el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote, ha recuperado dos anclas de valor arqueológico e histórico que un ciudadano español vendía a través de Internet, siendo a su vez denunciado por una infracción administrativa a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

Fue el pasado día 6 de marzo cuando un vigilante del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo detectó en Internet que una persona, con domicilio en Lanzarote, vendía dos anclas con un potencial valor histórico, por lo que avisó inmediatamente a la Guardia Civil que, gracias a la información referida por el vigilante, halló el lugar donde estaban las piezas.

De esta manera, el pasado día 8, agentes del Deprona acudieron al lugar en cuestión, un recinto propiedad de una empresa, la cual colaboró en todo momento y autorizó la inspección correspondiente, en donde se encontraron las anclas en cuestión.

Tras localizar al vendedor, éste se personó en el lugar y admitió ser el propietario. pero no poseía "ningún título o documento que ampare la legal procedencia de aquellas".

Consecuentemente, esa persona, al no comunicar a las autoridades competentes el hallazgo de las anclas e intentar traficar con ellas, fue denunciada por una infracción grave de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias interviniéndose las anclas.

Multas de hasta 150.000 euros

Paralelamente, la Guardia Civil pidió colaboración al Cabildo para el traslado de las anclas, que fueron depositas el pasado día 10 en el Fondo Arqueológico de la citada institución.

Según informan desde la Benemérita, la Ley de Patrimonio Histórico prevé diferentes sanciones ante actos que dañen o perjudiquen los bienes y objetos históricos y arqueológicos, las cuales son en su mayoría multas oscilan que pueden llegar hasta los 600.000 euros. En este caso en concreto, la normativa establece multas desde 3.001 hasta 150.000 euros.