Vecinos de La Bufona: "La familia Murillo sólo ha conseguido arruinar la vida a 14 familias"
La Asociación Almadracha anuncia que emprenderá medidas contra el Ayuntamiento de Arrecife, la Apmun y los promotores
La Asociación de Vecinos Almadracha de La Bufona ha mostrado su "asombro" tras las últimas noticias publicadas en algunos medios sobre el derribo parcial de sus viviendas y ha anunciado que emprenderán medidas para exigir responsabilidades.
"Asombro porque la familia Murillo, después de 17 años de batallas mediáticas, sólo ha conseguido que condenen al constructor y al promotor de las viviendas a cuatro meses y multa y arruinar la vida a 14 familiar por derribar parte de sus viviendas", apuntan en un comunicado. En concreto, Federico Echevarría y Antonio Caro sólo fueron condenados a dos meses de prisión cada uno, una multa de 1.200 euros e inhabilitación para trabajar como constructores o promotores durante un periodo de tres meses después de que la Audiencia Provincial les rebajara las penas impuestas en primera instancia. Sin embargo, el tribunal mantuvo la demolición de las casas.
Los vecinos afectados recuerdan que las viviendas "fueron construidas entre el año 1995 a 2000, amparadas por licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Arrecife, cuando estaban al frente Isabel Deníz y Manuela Armas, que con posterioridad se les otorgó licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, dando así cobertura legal a las viviendas construidas en su totalidad". "Pocas viviendas en Lanzarote se han construido bajo un instrumento como es un Plan Parcial. Sin embargo parece más fácil echarlo a bajo que aquellas otras muchas obras construidas sin permiso alguno", añaden.
Vulneración de derechos
Los propietarios de las 14 viviendas de La Bufona muestran su "asombro" y "desilusión" con la sentencia, ya que no han participado en el procedimiento como perjudicados "a pesar de estar en juego parte de sus viviendas, siendo al final los verdaderos condenados sin ser escuchados, vulnerando el derecho que da la Constitución a toda persona de ser escuchado en un proceso justo con todas las garantías". "Es lamentable ver como aquellos que han sido condenados salen del proceso con una sentencia más favorable que aquellos que no tuvieron esa oportunidad por el Juzgado y que verán derribadas parte de sus casas", señalan.
En este sentido, los vecinos de La Bufona recuerdan un caso de "muy similares características ocurrido en Sanxenxo". "El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en una reciente Sentencia de 10 de enero de 2017 por no haber dado el tribunal audiencia a los propietarios de una vivienda cuyo derribo se había ordenado. Esta interesante sentencia termina concluyendo que los tribunales españoles no se pueden olvidar de los legítimos propietarios de esas viviendas, ya que para hacer justicia necesitan tener en cuenta a estos inocentes propietarios", afirman.
Medidas contra las administraciones públicas y los promotores
La Asociación de Vecinos Almadracha anuncia que presentará estos días reclamación ante las administraciones públicas "ante la responsabilid clara de éstas por permitir la construcción de las viviendas, permitiendo asimismo que personas con absoluto desconocimiento de lo que pasaba compraran viviendas que ahora pretenden demoler parcialmente". Y es que, ambas sentencias, tanto la dictada por Juzgado número 3 de Arrecife como la de la Audiencia Provincial, "afirman que las viviendas fueron construidas con el permiso del Ayuntamiento de Arrecife y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural no suspendió ni paralizó las obras por falta de medios".
"Estos vecinos de Arrecife, a quienes representan la Asociación de Vecinos Almadracha, son terceros de buena y así han sido considerados por las sentencias que se señalan", apuntan en el comunicado, en el que advierten que "los vecinos de La Bufona no descansarán hasta ver que se hace verdadera justicia con esa urbanización abandonada por el Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de recibir el pago de sus impuestos". Así, estudian "qué medidas se pueden adoptar no sólo contra las administraciones públicas sino también contra el constructor y el promotor de las viviendas".
