Un peligroso precedente
Antonio Salazar
El presidente de la patronal turística de la provincia occidental, Jorge Marichal, ha arremetido contra un directivo hotelero de isla distinta por atreverse éste a disentir de esa idea, tan extendida como falsa, de que el alquiler vacacional es perjudicial para las islas. Es cierto que los hoteleros tinerfeños están poco acostumbrados a la crítica fundada, más si es sobre asuntos en los que están dispuestos a echar el resto habida cuenta lo que ellos (y sólo ellos) se están jugando. Por eso no debería extrañar los modos observados en esa respuesta, más empeñada en el ataque ad hominen que en refutar los argumentos (por cierto, una impecable defensa de la libertad). El señor Marichal, conscientemente o no, involucra al grupo empresarial para el que trabaja el discrepante cuando el artículo que motiva su réplica solo estaba firmado por Nicolás Villalobos, no por el director general de corporación alguna. Esto le bastaba al presidente de ASHOTEL para mostrar extrañeza, que alguien tan significado en una compañía dedicada al negocio hotelero –como si las empresas tuviesen opinión y no las personas- pudiera pedir atención a un fenómeno que parece viene con intenciones de quedarse. Lo que tanto sorprende a Marichal es, precisamente, la mayor fortaleza del argumento de Villalobos, capaz de anticipar una nueva demanda de la sociedad y, actuando empresarialmente, prepararse para satisfacerla. Todo lo contrario de aquellos que aprovechan su influencia para intentar que sea el gobierno el que paralice esa nueva amenaza que se cierne sobre los empresarios turísticos.
Todo esto tiene una larga tradición y no debe sorprender que determinados empresarios juzguen problemático el libre juego de la competencia y entiendan que es mucho mejor y más sencillo presionar a los gobiernos respectivos para que cedan a sus pretensiones que ponerse a averiguar por donde irán las cambiantes demandas de los clientes. Eso sí, mientras exigen respeto y cariño por parte de la ciudadanía, convencidos de que son los hacedores del bienestar común y, en consecuencia, se les debe rendir pleitesía y brindarles permanente reconocimiento. Es posible que esta sea una carencia habitual en unas islas que dieron la espalda al emprendimiento y que toda generación de beneficios reputa de sospechosa. Pero poco contribuyen algunos empresarios aprovechando su proximidad al poder para demostrar que son algo distinto a unos captores de reguladores y perceptores de rentas cuasi monopólicas. Nadie plantea ampliar los rangos de libertad de un negocio que, por su propia naturaleza, debe estar lo menos regulado posible y sin adicionales barreras de entrada. Los empresarios, todos, también los turísticos, no defienden -ni tienen porqué- el interés general, tan solo la cuenta de resultados de sus respectivas empresas. Cuando han tenido que tomar decisiones lo han hecho siguiendo ese criterio y es un buen criterio. Si deben abrir sus establecimientos con Todo Incluido, se hace so pena de quedarse fuera de mercado, con independencia de que ese turista pudiera o no salir del hotel y gastar en restaurantes, cafeterías u otros servicios en las islas. Y así con todo lo que implica atender a unos clientes, que, ¡vaya por dios!, suelen tener caprichos y seguir modas que pueden variar de unos años a otros, por emulación u originalidad pero nunca comportándose igual.
El alquiler vacacional supone todo un desafío porque implica un cambio disruptivo en la demanda. En buena lógica, hay otros empresarios -también hoteleros- que han decidido crear complejos específicos para poder prepararse para este nuevo modelo. Empresarios -también hoteleros- que no han perdido el tiempo en convencer a los políticos de los males que nos aguardan si no se hace nada al respecto -limitando esa capacidad, prohibiéndola o haciéndolo tan complicada como cualquier actividad económica que se pretenda instalar en las islas-. Pasan por alto que en el mundo al que nos dirigimos, algo tan esencial como la soberanía del consumidor que tan bien definiera Ludwig Von Mises, jugará un papel protagonista que no podrá parar un decretito aprisa y corriendo hecho por gobiernos comprensivos con empresarios temerosos de la competencia. Bueno sería afrontarlo y darle solución para que, de una vez, la actividad turística quede alejada de las garras del poder, entender que aquellos intentos por limitar la oferta -ejemplo suficiente debería haber sido la moratoria, ¡qué casualidad, también auspiciada por los mismos hoteleros quejumbrosos- nos han hecho mucho más daño que traído beneficios y que esas amistades tan próximas entre políticos y empresarios no suelen presagiar nada bueno. El mercado supone voluntad, el gobierno coacción, lo que no debe ocurrir jamás es que aquellos que deberían probar las bondades de su modelo influyan sobre los que no necesitan demostrar nada porque el Boletín Oficial impone, no convence.
